Ahora bien, dejando a un lado la formación en Compliance y centrándonos en la instauración de Compliance en las entidades de formación, cabe preguntarse si este refuerzo del legislador en materia de cumplimiento normativo en las empresas españolas, propicia que Compliance disponga de recorrido en el sector de la formación como garante del cumplimiento de las normativas de aplicación ante los accionistas, trabajadores, colaboradores, alumnado, proveedores, administración pública y, en resumen, todos los agentes y economías de escalas que lo conforman. Este marchamo previsional en cumplimiento normativo lo percibo no sólo en relación a parcelas normativas como puede ser la Protección de Datos de Carácter Personal o, en menor grado de implantación, la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (para aquellas empresas que realicen su actividad en otros países o continentes: Asia, Hispanoamérica…), sino también en cuestiones relacionadas con la actividad comercial, la gestión de recursos humanos o la responsabilidad social.
En este sector, también es importante la prevención del fraude, entendido éste como esa conducta engañosa o dolosa de colaboradores o equipos comerciales hacia los potenciales alumnos, aprovechándose de los resquicios legales o, simplemente, de la honradez y decencia de los afectados. Otro aspecto sensible es la relación con los organismos públicos, sean nacionales o de terceros países, así como la gestión de subvenciones, conciertos económicos, licitaciones… Esta prevención del fraude en el sector de la formación deberá recogerse en un programa de cumplimiento normativo, teniendo presente que, en realidad, será un aspecto transversal a todas las áreas tratadas en el corporate compliance. Así, una política de compliance en entidades aducacionales tendrá en cuenta la investigación de los candidatos a puestos de la división comercial, si existen procedimientos administrativos-comerciales integrados con los preceptivos sistemas de revisión y control, la política de aceptación o entrega de regalos, invitaciones, etc.
Es decir, la gestión de ventas tiene que evaluarse con detenimiento en un programa de cumplimiento normativo. Por un lado, tendremos la función de proveedores, verificando aspectos tales como los conflictos de intereses, el cumplimiento de la normativa legal, la política productiva de los proveedores (discriminación, acoso y violencia de género, explotación de las personas en los callcenters…), la corrupción, etc. Por otro lado, tendremos la función de clientes y ventas, donde el compliance debe asegurarse de semblantes tales como la honestidad, el respeto, la confidencialidad o la confianza, la bondad de la información remitida al alumnado, la gestión de las reclamaciones, cumplimiento de la normativa legal en materia de publicidad y marketing, etc. (fuente de la imagen: pixabay).
Otro aspecto que considero debe contener un programa de compliance para el sector de la enseñanza es el relativo a la responsabilidad social (RSC), percepción ética transversal que afecta a distintos ámbitos de la gestión de gestoras de formación, escuelas de negocio, elearning… por lo que las actividades desarrolladas en el marco de la RSC han de estar vinculadas a la actividad formativa, tener una vocación de permanencia e implicar un compromiso de la alta dirección. Aunque existe cierto consenso sobre las grandes áreas temáticas que abarca (económica, social y medioambiental), si algo caracteriza a la RSC, y no es pacífico, es su carácter pluridimensional que afecta a distintos ámbitos de la gestión: recursos humanos, protección de la salud, defensa del medioambiente, lucha contra el fraude y la corrupción y salvaguardia del alumnado. Por tanto, un corporate compliance educacional debe contener medidas de prevención de las situaciones de riesgo en materia de RSC en aspectos tales como entrega de ayudas, subvenciones, aportaciones… para esconder sobornos, cohechos, corrupciones, violencia, conductas ilegítimas, discriminación, peligrosidad, falta de transparencia...
Respecto a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el corporate compliance para empresas de formación (no sólo para las que trabajan en países en desarrollo), en función de la actividad regulada, deberá recoger el compromiso de la entidad en este sensible tema, así como medidas de prevención y control en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prestando atención a aspectos tales como las relaciones con terceros (clientes, proveedores…) y los índices de integridad de sus perfiles profesionales, empresariales o institucionales. A título orientativo, se relacionan algunos de los aspectos que debe recoger el programa: la realización de pagos en efectivo a terceros, ya sea en un importe único o en cantidades fraccionadas, la recepción de ingresos en efectivo de importes razonables o por encima de lo normal en el sector de actividad, ya sean en importes únicos o en cantidades fraccionadas cuya suma supere determinado límite razonable en base al sector de actividad, que la actividad comercial se realicen en países con altos índices de corrupción, etc.
Finalmente, en materia de seguridad y protección de datos de carácter personal, qué duda cabe que su incumplimiento es un frente de prevención importante para el compliance en la enseñanza y la formación, tanto en los aspectos de cesión o comunicación de los datos, como en los derechos de los afectados o interesados y el tratamiento de las fuentes accesibles al público en general. Por todo lo anterior, un programa de cumplimiento normativo aplicable a una empresa del sector de la formación deberá contener aspectos tales como la prevención de contingencias en el flujo de los datos personales en la institución, evaluación de protocolos de protección de datos, velar por el cumplimiento estricto de la normativa aplicable, desde el aseguramiento de la privacidad de los sujetos hasta la inclusión de clausulas informativas en la distinta documentación que circula por la empresa (datos del alumnado, contratos, correos electrónicos, páginas webs…).