Norma española UNE 19601

Informa AENOR que tras casi dos años de trabajo y fruto del consenso de destacados expertos de los diferentes grupos de interés del compliance penal, por fin se ha publicado hoy la Norma española UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. Esta Norma ha sido elaborada por un subcomité técnico de Normalización de UNE, el CTN 307/SC1 Sistemas de gestión del cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción. En ella se establecen los requisitos para implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de compliance penal en las organizaciones, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos en su seno y reducir el riesgo penal, a través del impulso de una cultura ética y de cumplimiento. 

La UNE 19601 responde al nuevo escenario y al elevado interés por el compliance penal tras la reforma del Código Penal del año 2010; y a la última reforma del Código Penal de 2015, la cual indica que las personas jurídicas que hayan implantado modelos de prevención de delitos y cumplan una serie de requisitos, pueden llegar a ser eximidas de responsabilidad penal. Así, esta norma desarrolla requisitos que responden a lo indicado por el Código Penal para los modelos de gestión y prevención de delitos, pero también incorpora las buenas prácticas mundialmente aceptadas en materia de compliance. El sistema que establece la UNE 19601 presenta la estructura de Alto Nivel, común a todas las normas internacionales ISO de sistemas de gestión, con lo que es integrable en otros sistemas de gestión. 

El documento está dirigido a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad y sector al que pertenezca. Además, puede ser utilizada en otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones no españolas. El grupo ya venía trabajando desde 2013 en proyectos de normalización internacional como la Norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso, publicada en octubre de 2016. Este documento ha sido incorporado recientemente al catálogo español de normas como UNE-ISO 37001, tras adoptar la traducción oficial al español de la norma por parte de ISO (Organización Internacional de Normalización).

El sistema que establece la UNE 19601 presenta la denominada estructura de Alto Nivel, común a todas las normas internacionales ISO de sistemas de gestión, con lo que es integrable en otros sistemas de gestión; por ejemplo, en los descritos en la Norma UNE-ISO 19600 Sistemas de gestión de compliance. Directrices o en la UNE-ISO 37001. La mera implantación de la Norma UNE 19601 no conllevará la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí puede constituir un elemento fundamental para acreditar que ésta actuó de forma diligente antes de la comisión del delito y que empleó las mejores prácticas, conforme a modelos estandarizados y consensuados para crear una cultura de prevención que redujera de forma significativa el riesgo de su comisión.

Esta norma será certificable por una tercera parte independiente; un modo de asegurar que se aplica eficazmente. La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la reforma del Código Penal considera que las certificaciones podrán ser valoradas como un elemento adicional de la eficacia de los modelos a la hora de eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas que hayan implantado modelos para la prevención de delitos. El documento está dirigido a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad y del sector al que pertenezca (privado, público, con o sin ánimo de lucro). Además, puede ser utilizada en otras jurisdicciones distintas a la española y por organizaciones no españolas (Fuente de la información: AENOR. Fuente de la imagen: pixabay). Vídeo insertado posteriormente.

Responsabilidad Penal y Delitos Laborales

El artículo 318 bis del Código Penal Español (si quieres acceder a la Ley Órgánica, clickea AQUÍ), establece que quien “intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año”. No obstante, los “hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Igualmente, el “que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año” (Fuente de la imagen: pixabay).

Los hechos anteriores serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años cuando “se hubieran cometido en el seno de una organización que se dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado”. Más adelante se establece que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada. Se ha transcrito lo anterior porque el Tribunal Supremo español (TS), en su Sentencia 121/2017, de 23 de febrero, siendo ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer, separa la responsabilidad penal de la persona jurídica de la de la persona física. En el caso enjuiciado, la sociedad limitada era acusada de dar ocupación a personas extranjeras sin tramitar la preceptiva alta en el régimen de la Seguridad Social. 

El recurrente alegaba que en la sentencia recurrida no se resolvía sobre la circunstancia de que la sociedad limitada no hubiera sido acusada como entidad obligada a cursar el alta de las personas consideradas trabajadoras, los hechos y la responsabilidad por tal omisión, llamando la atención sobre que fue a dicha mercantil, y no al recurrente como administrador de la misma, a la que sancionó la inspección de trabajo por la falta de alta de las trabajadoras. Según el TS, el recurrente había partido de un planteamiento equivocado, ya que la sociedad limitada no puede ser acusada por el delito a tenor del art. 31 bis CP, puesto que el art. 318 no se remite al art. 31 bis. “Lo que hace - mediante una cláusula que está vigente desde la LO 11/2003 y por ello con anterioridad a que se implantase la responsabilidad penal de las personas jurídicas por Lo 5/2010- es permitir la atribución de la pena en tales casos a los administradores y que quepa imponer alguna de las medidas del art. 129 CP a la persona jurídica; pero ésta no puede ser acusada como responsable penal”. El art. 318 CP dice: "Cuando los hechos previstos en los artículos de este título (Título XV, de los delitos contra los derechos de los trabajadores ) se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código." 

Sigue apuntando el TS que “es frecuente la crítica doctrinal sobre la no inclusión de los delitos contra los derechos de los trabajadores en el listado de delitos en los que cabe opere el art. 31 bis”, pero en el caso de la sentencia recurrida sí resuelve la cuestión, al condenar al recurrente (y ello pese a que nadie acusó a la persona jurídica. De lo anterior ¿cabe concluir que según el ordenamiento jurídico de aplicación una persona jurídica no puede responder por un delito contra los derechos de los trabajadores? A pesar de la doctrina y del fallo de esta sentencia y de que la lectura de los fundamentos de derecho (FD) cabría llegar a esa conclusión, si analizamos detenidamente la cuestión, puede que no esté tan claro, ya que en el caso enjuiciado la sociedad limitada y la persona física se confunden (último párrafo del FD PRIMERO), unido a que como bien recuerda el MF (FD SEGUNDO), la responsabilidad penal de la persona jurídica no condicionaría la de la persona física, ni viceversa conforme a los arts. 31 bis y 31 ter CP, unido a que “nadie acusó a la persona jurídica”. En todo caso, mi opinión es contraria a la sentencia, ya que entiendo que sí debería enjuiciarse, incluso de oficio, la responsabilidad subsidiaria de la persona jurídica para los temas laborales, puesto que si no se hace, el ente empresarial no es enjuiciado, corriendo el riesgo de salir indemne de su presunta responsabilidad penal (texto actualizado posteriormente; fuente: STS 121/2017).