De las operaciones a las infracciones

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A la hora de afrontar una analítica de riesgos penales, en vez de interpretar adecuadamente al legislador español, cuando escribe que “los modelos de organización y gestión para prevenir riesgos penales deberán identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos”, se suele incurrir en el craso error de “empezar la casa por la ventana”, es decir, corremos rápidamente a por la lista de delitos en los que puede incurrir una persona jurídica y uno a uno se somete a la organización a farragosos cuestionarios, entrevistas, investigaciones… que, además de la carga de trabajo del oficial de cumplimiento o asesor externo en implantación de compliance, genera cierto “hartazgo” por “parte de las partes”, cuando no desorientación e incomprensión, con cuestiones del tipo ¿por qué me someten a un cuestionario de preguntas sobre tráfico ilegal de órganos humanos si la actividad de la empresa es de venta de “chuches”? ¿Por qué me preguntan por cuestiones relativas a la energía nuclear si la institución donde trabajo se dedica al asesoramiento fiscal?

Para evitar lo anterior, sugiero otro camino que, reconociendo que no está exento de “piedras”, es más efectivo y menos traumático: centrarse en el objeto u objetos sociales de la entidad jurídica, sus negocios, operaciones empresariales o actividades institucionales y, a partir de ahí, seleccionar los riesgos objeto de análisis. Recordemos la legislación: “identificarán las actividades”. Por tanto ¿A qué se dedica la entidad jurídica? ¿Cuáles son sus operaciones empresariales o institucionales? ¿Qué actividades, procesos, tareas… lleva a cabo? La respuesta a estas cuestiones nos llevará más rápido a la decisión de “Aplica” o “No aplica” cada infracción recogida en el ordenamiento jurídico penal y centrarnos en lo importante u objeto de análisis pormenorizado en materia de riesgos. Finalmente, en mi matriz de riesgo de cada institución, además de los riesgos penales, incorporo lo que denomino “riesgos no penales” (administrativos, errores de gestión interna…), porque en más de una ocasión he detectado que un desajuste no penal puede derivar en una infracción penal.