Ya en los postres les trasladé el rumor que circula por la administración pública y que había llegado por distintas vías, sobre que estaban mirando con lupa el trabajo de los auditores que verifican la justificación económica de subvenciones ejecutadas. Cual fue mi sorpresa cuando ambos me respondieron que eso es lo que se tenía que haber hecho mucho antes. Su cabreo se debe a que existen verificadores de justificaciones que “firman en barbecho”, es decir, presuntamente no realizan el trabajo de cotejo del cien por ciento de las facturas y de sus pagos, no estudiando detenidamente las memorias económicas y técnicas ni analizando la razonabilidad, idoneidad y, por derivación, elegibilidad de los gastos imputados. Y para más inri, en ocasiones tiran los precios (imagen incorporada posteriormente; fuente: pixabay).
Claro. El auditor o auditora que "realiza su trabajo" y cumple con el procedimiento, soporta una competencia que no es desleal sino fraudalenta, de esos mercenarios de turno que al abrigo de sus pseudosociedades de consultoría interpuestas, puestos institucionales de representación y lobbies de presión, “comercian” los servicios de verificación de subvenciones con descaro, intrusismo y hachazos limpios, ofreciendo y vendiendo por lo "bajini" informes impolutos. Por eso, mis contertulios se alegraron de que al menos el funcionario o funcionaria de turno de una vez por todas dedicara tiempo a comprobar la bondad de esas verificaciones, denunciando ante los organismos controladores a esos presuntos advenedizos o temporeros, tapados intermediarios sin ninguna responsabilidad, y expedientando a aquellas entidades solicitantes que se venden por un plato de lentejas. Esperan que en este desbarajuste se cumpla el refranero “Se acabó lo que se daba” y queden los que verdaderamente hacen la verificación conforme a la normativa de aplicación y de forma proactiva.