domingo, 22 de noviembre de 2026

Vídeo Tutorial sobre la Propiedad Intelectual en España

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La Propiedad Intelectual en España (RDL 1/1996)

¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre exactamente en el plano legal cuando un artista compone una canción, un desarrollador escribe código o un profesor comparte un capítulo de un libro en su aula virtual?

La Propiedad Intelectual en España, regulada por el Real Decreto Legislativo 1/1996, es una de las materias más fascinantes, dinámicas y con mayor impacto directo en nuestro día a día. Sin embargo, a menudo se percibe como un entramado normativo complejo y reservado únicamente a despachos especializados.

Para desmitificar esta regulación y ofrecer una herramienta clara, accesible y rigurosa, Velasco-Carretero ha preparado un vídeo tutorial diseñado tanto para juristas y estudiantes de Derecho como para creadores, editores y emprendedores del entorno digital.

📌 ¿Qué aprenderás en este tutorial?

En este recorrido didáctico de 24 bloques conceptuales, se comenta la arquitectura legal de los derechos de autor y derechos afines en España:
  • El Hecho Generador y el nacimiento del derecho (Art. 1 LPI): Descubre por qué la protección nace por el solo hecho de la creación humana, sin necesidad de registros obligatorios ni formalidades administrativas.
  • La Naturaleza Dual del Derecho de Autor: Se comprende la diferencia entre los derechos morales (personales, inalienables e irrenunciables, como la paternidad o la integridad de la obra) y los derechos patrimoniales (explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación).
  • Sujetos y Tipología de Obras: Se analiza quién puede ser autor, la regla de la persona natural y el tratamiento legal de las obras en colaboración, colectivas, compuestas e independientes.
  • Duración y Dominio Público (Art. 26 LPI): Se explican las reglas del cómputo de los plazos de protección (toda la vida del autor y 70 u 80 años post mortem según la fecha de fallecimiento) y el régimen de las obras que pasan al dominio público.
  • Límites Legales y la Regla de los Tres Pasos (Arts. 31 a 40 bis LPI): Se analizan las excepciones de copia privada, el derecho de cita, la ilustración en la enseñanza, la libertad de panorama y el paraguas internacional del Three-Step Test.
  • Contratos de Explotación y Regímenes Especiales: Se examinan las cláusulas formales indispensables en los contratos de edición, la obra audiovisual y los programas de ordenador (software).
  • Entidades de Gestión, Tutela Judicial y Desafíos Digitales: Se aborda el papel de entidades como SGAE o CEDRO, las acciones civiles de indemnización y las cuestiones más candentes en el horizonte normativo, como la Inteligencia Artificial Generativa.
🎯 ¿A quién va dirigido?
  • Estudiantes de Grado y Posgrado en Derecho: Una guía sistemática y pedagógica para afianzar conceptos clave de la asignatura de Derecho Mercantil o Civil.
  • Abogados y Asesores Jurídicos: Un repaso integral actualizado de las principales facultades y vías de tutela procesal.
  • Creadores de Contenido y Artistas: Músicos, escritores, diseñadores y programadores que buscan comprender cómo proteger su talento y negociar sus contratos con garantías.
  • Docentes e Investigadores: Una aclaración didáctica sobre los límites de uso de materiales ajenos en la enseñanza.
🍿 ¡No te lo pierdas!

Te invitamos a acomodarte y disfrutar de este tutorial paso a paso. Puedes visualizar el vídeo completo a continuación:

sábado, 31 de octubre de 2026

Los Impuestos Especiales en España

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Los impuestos especiales constituyen uno de los bloques más complejos, dinámicos y de mayor impacto operativo dentro del Derecho Tributario. A diferencia de otros gravámenes indirectos, estas figuras no solo persiguen una finalidad recaudadora, sino que cumplen un papel estratégico en la internalización de costes sociales, sanitarios y medioambientales, afectando de lleno a sectores como el alcohol y las bebidas alcohólicas, los hidrocarburos, el tabaco, la energía eléctrica y el transporte.

Para facilitar la comprensión de esta materia, Velasco-Carretero ha preparado un videotutorial estructurado a partir de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

¿Qué encontrarás en este tutorial en vídeo?

El vídeo ofrece un recorrido exhaustivo por la disciplina, combinando el análisis doctrinal y normativo con supuestos prácticos de liquidación y gestión tributaria:
  • Módulo 1: Marco General y Ámbito Territorial
    • Concepto, naturaleza y función extrafiscal.
    • Delimitación del ámbito de aplicación peninsular e insular, así como las peculiaridades de Canarias, Ceuta, Melilla y los Regímenes Forales.
  • Módulo 2: Hecho Imponible, Devengo y Régimen Suspensivo
    • Diferencias estructurales entre fabricación, importación y entrada irregular.
    • Reglas de devengo y supuestos de no sujeción por mermas o fuerza mayor.
    • Gestión práctica del régimen suspensivo, figuras autorizadas (fábricas, depósitos fiscales, destinatarios registrados) y seguimiento telemático con el sistema EMCS y el código ARC.
  • Módulo 3: Sector del Alcohol y Bebidas Alcohólicas
    • Graduación del Impuesto sobre la Cerveza (escala por grados Plato) y tipo cero en el Vino.
    • Productos intermedios, bebidas derivadas y regímenes reducidos (destilación artesanal y cosecheros).
  • Módulo 4: Impuesto sobre Hidrocarburos
    • Uso como carburante frente a uso como combustible.
    • Trazadores y marcadores fiscales (gasóleo B y C) y esquema de devoluciones parciales (gasóleo profesional y uso agrícola).
  • Módulo 5: Labores del Tabaco y Nuevos Productos
    • Estructura tributaria mixta en cigarrillos (tipo proporcional, específico y suelo mínimo).
    • Impacto del nuevo gravamen sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina.
  • Módulo 6: Transporte, Electricidad y Carbón
    • Tramado progresivo del IEDMT por emisiones de CO2.
    • Exenciones y reducciones en la base del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y el Impuesto sobre el Carbón.
  • Módulo 7: Fiscalidad para la Sostenibilidad Energética
    • Análisis del IVPEE (7%), tributación de residuos nucleares y el canon por utilización de aguas continentales.
  • Módulo 8: Gestión Censal y Registro Contable
    • Procedimiento de liquidación (modelos oficiales) y llevanza de la contabilidad en tiempo real a través del sistema SILICIE.
¿A quién va dirigido?

Este material ha sido diseñado específicamente para:
  • Asesores fiscales y abogados tributaristas que buscan actualizar sus criterios de gestión en depósitos fiscales y aduanas.
  • Directores financieros y de compliance en empresas de logística, producción energética o distribución de bienes gravados.
  • Opositores y estudiantes de posgrado en Derecho Financiero y Tributario que requieren una explicación didáctica, sistemática y rigurosa.

lunes, 14 de septiembre de 2026

¿Muro de contención o delegación ciega?

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M. Velasco, 2026 (*). La inteligencia artificial como sujeto de incumplimiento o muro de contención: imputación directa por delegación ciega versus ruptura del nexo causal en la responsabilidad corporativa - Artificial intelligence as a subject of non-compliance or a barrier: direct imputation via blind delegation versus the breaking of the causal link in corporate liability.

Resumen: Se analiza la naturaleza jurídica de los sistemas de inteligencia artificial cuando son integrados en los procesos de toma de decisiones corporativas y contractuales. El debate doctrinal se centra en determinar si el funcionamiento autónomo del algoritmo opera como un evento rupturista del nexo causal —un muro de contención que exonera a la entidad societaria— o si, alternativamente, configura un supuesto de imputación directa a la persona jurídica y a sus administradores por la vía de la denominada delegación ciega. A través del estudio dogmático del Derecho mercantil, civil y penal, se examina el estándar de conducta fiduciario, la regla del juicio de negocio (Business Judgment Rule), la teoría de la imputación objetiva y las reformas legislativas comparadas en el entorno europeo. Se sostiene que la autonomía algorítmica no fractura la cadena de imputación ni otorga una defensa de irresponsabilidad, sino que desplaza el objeto de la prueba hacia la diligencia en la selección, supervisión y gobernanza del sistema tecnológico.

Palabras clave: Inteligencia artificial, responsabilidad corporativa, deberes fiduciarios, nexo causal, delegación ciega, administradores sociales.

Abstract: This research paper analyzes the legal nature of artificial intelligence systems when integrated into corporate and contractual decision-making processes. The doctrinal debate focuses on determining whether the autonomous operation of the algorithm acts as an intervening event that breaks the causal link —a containment wall exonerating the corporate entity— or whether, alternatively, it constitutes a direct imputation to the legal person and its directors through so-called blind delegation. Through a dogmatic study of commercial, civil, and criminal law, this study examines the fiduciary standard of conduct, the Business Judgment Rule, the theory of objective imputation, and comparative legislative reforms within the European framework. It is argued that algorithmic autonomy does not sever the chain of attribution nor provide a defense of non-liability, but rather shifts the evidentiary focus toward diligence in selecting, supervising, and governing the technological system.

Keywords: Artificial intelligence, corporate liability, fiduciary duties, causal link, blind delegation, corporate directors.

(*) Manuel Velasco Carretero, es doctor en Ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de Málaga (UMA), la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Antonio de Nebrija, la Universidad de Alicante, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Extremadura, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Vigo, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Oberta de Catalunya. Es experto universitario en cumplimiento normativo – compliance por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), diplomado en empresariales por la UMA, licenciado en ciencias económicas y empresariales, economista, por la UMA , graduado en derecho por la UNIR, máster jurídico oficial por la UMA, máster económico-financiero oficial convalidado por el Ministerio de Educación del Gobierno de España, abogado por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, colegiado no ejerciente en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga, gestor administrativo por el Ministerio de la Función Pública del Gobierno de España, administrador de fincas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de España, experto universitario en peritaje judicial por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

1. Introducción al problema de la inteligencia artificial como presupuesto de imputación jurídica

La progresiva integración de sistemas basados en algoritmos avanzados en la actividad ordinaria de las sociedades mercantiles ha transformado la arquitectura del tráfico jurídico y las dinámicas internas de toma de decisiones. Históricamente, las organizaciones empresariales han acudido a herramientas de automatización para la ejecución de tareas mecánicas o secundarias; no obstante, el perfeccionamiento del aprendizaje automático y del aprendizaje profundo ha permitido delegar en sistemas tecnológicos la adopción de resoluciones operativas, financieras, contractuales e incluso estratégicas (Navarro-Dolmestch, 2025). Esta transformación plantea interrogantes dogmáticos acerca de la validez de los esquemas tradicionales de atribución de responsabilidad. Cuando la decisión adoptada de forma autónoma por un sistema informático genera un incumplimiento contractual, una infracción normativa o un daño a terceros, la estructura del Derecho privado y corporativo se enfrenta al reto de identificar al sujeto que debe asumir las consecuencias jurídicas (Montero, 2026).

En el centro de la controversia dogmática se sitúan dos posturas contrapuestas respecto de la efectividad causal de la autonomía algorítmica. Por un lado, se ha sugerido en ciertos sectores que la capacidad de un sistema tecnológico para generar salidas imprevisibles, no contempladas expresamente en su programación inicial, podría ser interpretada como una interferencia o una causa ajena capaz de romper el nexo causal entre la actuación de la persona jurídica y el resultado dañoso (Navarrete Medina, 2026). Bajo esta tesis, la inteligencia artificial actuaría como un «muro de contención» que absorbería la responsabilidad, dejando indemne tanto a la sociedad mercantil como a sus órganos de administración. Por otro lado, la doctrina mayoritaria y los análisis más rigurosos del gobierno corporativo sostienen que el recurso a sistemas autónomos sin un control adecuado no constituye un supuesto de fuerza mayor ni de caso fortuito, sino una manifestación de negligencia en la supervisión, calificada bajo la figura de la «delegación ciega» (Alfaro Águila-Real, 2026; Rojí, 2021). De acuerdo con este planteamiento, la confianza irreflexiva en los resultados producidos por la herramienta informática no interrumpe la cadena de imputación, sino que funda directamente la responsabilidad fiduciaria de los administradores y la responsabilidad de la propia persona jurídica (De La Mata y Pérez González, 2023).

El objetivo de este artículo es determinar la viabilidad jurídica de estas posturas a la luz del marco normativo vigente y de las tendencias regulatorias en el entorno comparado. Para ello, se indaga si la inteligencia artificial posee atributos que permitan calificarla como un sujeto autónomo de incumplimiento o si debe ser configurada de modo permanente como un artefacto cuya operación es atribuible a los agentes humanos y a los entes colectivos que la despliegan. Asimismo, se examina el impacto de esta tecnología en los deberes fiduciarios de los administradores sociales, prestando especial atención a la aplicabilidad de la regla del juicio de negocio (Business Judgment Rule) cuando las decisiones corporativas se fundamentan en outputs algorítmicos. Finalmente, se repasan los modelos legislativos recientes, como el marco penal corporativo español, el Reglamento europeo de inteligencia artificial y la reciente experiencia normativa italiana, para ofrecer una visión completa del estado de la cuestión en la dogmática contemporánea (Cordero González, 2026; Varas Quijón, 2026).

2. La naturaleza jurídica de los sistemas de inteligencia artificial: rechazo de la subjetividad y delimitación como instrumento o actuante

El debate doctrinal sobre la naturaleza de las tecnologías avanzadas requiere fijar con precisión si la máquina puede ser considerada titular de derechos y obligaciones. La asignación de subjetividad jurídica determina de forma directa las reglas de imputación aplicables a los incumplimientos contractuales y a los daños extracontractuales derivados de su funcionamiento.

2.1. Inimputabilidad directa de la inteligencia artificial y conservación del antropocentrismo normativo

El avance exponencial de los sistemas algorítmicos generativos y de los entornos robóticos ha impulsado algunas propuestas teóricas orientadas a reconocer una personalidad jurídica específica a favor de los dispositivos tecnológicos más complejos, denominada en ocasiones como «personalidad electrónica» o e-personality (Pérez Escolar, 2025). Quienes defienden este planteamiento argumentan que la atribución de un patrimonio autónomo o de una subjetividad jurídica propia a los sistemas tecnológicos facilitaría la reparación de los daños mediante fondos de compensación dedicados, evitando las complejidades probatorias asociadas a la identificación del autor humano (Pérez Escolar, 2025). No obstante, la doctrina civilística sustancial ha rechazado de manera terminante esta postura, recordando que el concepto de persona en el ordenamiento jurídico es un constructo axiológico basado en la dignidad del ser humano y en la centralidad de la persona física como razón de ser del Derecho (Pérez Escolar, 2025; Montero, 2026). La atribución de personalidad jurídica a entes colectivos —como las sociedades o las fundaciones— responde a la necesidad de organizar la agrupación de individuos para fines humanos y patrimoniales específicos, supuesto que no se verifica en una máquina carente de conciencia, voluntad y sensibilidad (Pérez Escolar, 2025).

La Unión Europea, tras explorar someramente la hipótesis de la personalidad electrónica en resoluciones parlamentarias primigenias de 2017, descartó formalmente dicha posibilidad al constatar su carácter innecesario y el riesgo moral desproporcionado que conllevaba (Pérez Escolar, 2025). Otorgar subjetividad jurídica al algoritmo permitiría a los verdaderos operadores económicos —fabricantes, desarrolladores, integradores y empresas usuarias— eludir su responsabilidad civil y trasladar el riesgo patrimonial del negocio a un ente ficticio carente de capacidad personal auténtica (Pérez Escolar, 2025). La normativa comunitaria consolidada, reflejada en el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial y en la Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por productos defectuosos, se cimenta sobre la aclaración explícita de que los sistemas algorítmicos carecen de personalidad jurídica y que su único cometido es servir a la humanidad (Pérez Escolar, 2025). La máquina no puede ser sujeto de incumplimiento ni ser demandada en juicio; la responsabilidad recae de modo ineludible en las personas físicas o jurídicas que diseñan, despliegan o se benefician de la herramienta tecnológica (Montero, 2026; Chico, 2026).

2.2. La categoría intermedia de los actuantes frente al modelo dual de sujetos y objetos

A pesar del rechazo normativo a otorgar subjetividad a los sistemas algorítmicos, la dogmática penal y civil ha advertido que el esquema categorial binario heredado de la Modernidad —que divide estrictamente el mundo jurídico entre «sujetos» y «objetos»— resulta insuficiente para describir la realidad operativa de las máquinas inteligentes (Navarro-Dolmestch, 2025). Las tecnologías convencionales operan como meros objetos e instrumentos inanimados que requieren la intervención humana directa y continua para generar efectos jurídicos (Navarro-Dolmestch, 2025). Los sistemas dotados de aprendizaje automático y capacidades predictivas, sin embargo, desbordan las características de los objetos inanimados al desplegar capacidad de actuación autónoma, interactividad adaptativa y toma de decisiones no predeterminadas en su código de origen (Navarro-Dolmestch, 2025). Tratar a estas herramientas complejas como meros utensilios estáticos ignora su capacidad técnica para alterar de manera independiente el entorno en el que operan (Navarro-Dolmestch, 2025).

Para superar la estrechez del modelo bipartito sin incurrir en la humanización desatinada de la máquina, se ha propuesto la incorporación de una tercera categoría estructural denominada la de los «actuantes» (Navarro-Dolmestch, 2025). Los actuantes no son sujetos dotados de culpabilidad ni de capacidad de imputación directa, pero tampoco son objetos pasivos; constituyen dispositivos tecnológicos provistos de esferas de actuación, capacidades deliberativas limitadas y metas asignadas por programadores (Navarro-Dolmestch, 2025). El reconocimiento de esta categoría intermedia permite explicar cómo las decisiones operativas delegadas en un software inteligente pueden alterar la base fáctica de la acción y generar cursos causales autónomos que, aunque no convierten a la máquina en autora del delito o del incumplimiento, transforman los criterios para valorar la comisión por omisión, el deber de garantía y la negligencia del usuario humano (Navarro-Dolmestch, 2025; Valls Prieto, 2022).

3. La fractura del nexo causal: ¿Constituye la autonomía algorítmica un evento rupturista?

Cuando un sistema informático toma una determinación que provoca un daño a terceros o deriva en la contravención de una obligación contractual, surge la interrogante sobre si el proceso de autoaprendizaje del algoritmo interrumpe la vinculación causal con la empresa que lo emplea.

3.1. Opacidad, imprevisibilidad y la denominada caja negra causal

El juicio de causalidad fáctica en los supuestos de daños generados por inteligencias artificiales enfrenta dificultades probatorias derivadas de las características intrínsecas de esta tecnología: la opacidad y la "inexplicabilidad" de los modelos de aprendizaje profundo (deep learning) (Navarrete Medina, 2026; Varas Quijón, 2026). A diferencia de los programas informáticos tradicionales, cuyos resultados son el producto de reglas lógicas deductivas verificables, los modelos algorítmicos basados en redes neuronales procesan volúmenes masivos de datos generando patrones de decisión cuya reconstrucción analítica resulta inaccesible para los observadores humanos (Navarrete Medina, 2026; Valls Prieto, 2022). Este fenómeno, conocido ampliamente como la «caja negra» o black box, impide en muchas ocasiones determinar con certeza exacta por qué razón concreta el sistema emitió un resultado dañado o defectuoso (Varas Quijón, 2026; Navarrete Medina, 2026). La imprevisibilidad del algoritmo no siempre deriva de un fallo de programación, sino del propio proceso de adaptación autónoma frente a datos cambiantes (Navarrete Medina, 2026).

En el ámbito de la responsabilidad civil y contractual, la presencia de la caja negra causal coloca a la víctima o al acreedor en una situación de asimetría informativa extrema (Varas Quijón, 2026; Navarrete Medina, 2026). La persona perjudicada suele carecer de acceso al código fuente, a los datos de entrenamiento y a la arquitectura técnica del sistema, los cuales se encuentran bajo el control exclusivo del desarrollador o de la empresa usuaria (Chico, 2026; Varas Quijón, 2026). Bajo las reglas procesales ordinarias relativas a la carga de la prueba —como el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en España—, la imposibilidad de demostrar el nexo causal específico entre el defecto del sistema y el daño sufrido conduciría indefectiblemente a la desestimación de la demanda indemnizatoria (Varas Quijón, 2026; Navarrete Medina, 2026). De este modo, la opacidad del software amenaza con convertirse en una barrera insuperable que desprotege a los perjudicados y disuelve la eficacia de los derechos de crédito y de reparación (Varas Quijón, 2026).

3.2. La continuidad de la cadena de imputación frente al rendimiento autónomo del algoritmo

Frente a quienes sostienen que la imprevisibilidad algorítmica opera como un evento fortuito que fractura el nexo de causalidad, la dogmática jurídica contemporánea reacciona afirmando la continuidad indisoluble de la cadena de imputación (Montero, 2026; Chico, 2026). El hecho de que un sistema algorítmico disfrute de capacidad de aprendizaje no altera la realidad de que la herramienta ha sido introducida en el tráfico económico por un operador con el propósito de obtener un beneficio directivo o patrimonial (Pérez Escolar, 2025; Chico, 2026). Quien introduce un riesgo tecnológico en el mercado o en su organización interna debe soportar las consecuencias perjudiciales asociadas a su materialización, de acuerdo con los principios generales de la responsabilidad por riesgo y la teoría de la imputación objetiva (Pérez Escolar, 2025; Chico, 2026). Pretender que la autonomía del algoritmo exime de responsabilidad al usuario mercantil constituiría un sofisma inadmisible que desnaturalizaría las bases del Derecho privado (Pérez Escolar, 2025).

La experiencia jurisprudencial comparada evidencia que los tribunales rechazan la tesis de la fractura del nexo causal por causa de automatización. En el asunto Moffatt v. Air Canada (2024), la aerolínea pretendió exonerarse de responsabilidad alegando que el asistente virtual de su página web había comunicado una política de tarifas incorrecta de manera independiente y sin autorización humana directa (Chico, 2026). El órgano judicial rechazó categóricamente la pretensión de considerar al agente conversacional como un ente separado, determinando que la compañía aérea responde de la totalidad de la información emitida a través de sus interfaces automatizadas (Chico, 2026). Del mismo modo, en litigios complejos como In re ChatGPT Product Liability Cases o Garcia v. Character Technologies, las reclamaciones se orientan a fiscalizar las decisiones corporativas sobre el diseño de la interacción, la perspicacia de las barreras de seguridad y las métricas de retención, demostrando que la discusión procesal no versa sobre las "palabras" de la máquina, sino sobre las políticas de producto y la vigilancia exigible a la empresa desarrolladora o usuaria (Chico, 2026).

4. La responsabilidad de los administradores sociales: entre el deber de diligencia y la delegación ciega

La adopción de tecnología avanzada en la gestión de las sociedades de capital repercute sobre el régimen de responsabilidad de sus órganos de administración. La actuación del consejo no queda amparada automáticamente cuando el resultado de una decisión empresarial respaldada por software resulta perjudicial.

4.1. La vigencia del estándar de conducta fiduciario y la regla del juicio de negocio (Business Judgment Rule)

En el ámbito del Derecho de sociedades, se ha discutido si el advenimiento de la inteligencia artificial da lugar a la aparición de "nuevos" deberes fiduciarios para los miembros del consejo de administración, tales como un hipotético deber especial de cuidado algorítmico (AI due care duty) o una lealtad algorítmica autónoma (Alfaro Águila-Real, 2026). La doctrina societaria más autorizada concluye que la tecnología no modifica los tipos tradicionales de negligencia o deslealtad, ni altera el estándar legal básico de conducta; únicamente introduce formas diversas y novedosas de incurrir en infracción de los deberes de diligencia y lealtad existentes (Alfaro Águila-Real, 2026). El marco legal —recogido en normas como los artículos 225 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital en España— obliga al administrador a actuar con la diligencia de un ordenado empresario y a informarse adecuadamente antes de adoptar cualquier decisión relevante para la compañía (Alfaro Águila-Real, 2026; Rojí, 2021). La utilización de modelos algorítmicos complejos constituye una concreción ex post respecto de un nuevo objeto de negocio, tal como ocurrió en el pasado con los productos financieros derivados o con la ciberseguridad (Alfaro Águila-Real, 2026; Rojí, 2021).

La protección dispensada por la regla del juicio de negocio o Business Judgment Rule (BJR) exige que la decisión discrecional de dirección sea adoptada de buena fe, sin conflicto de interés, y sobre la base de información suficiente y adecuada (Alfaro Águila-Real, 2026). Quien decide una operación societaria estratégica sirviéndose de una herramienta de inteligencia artificial debe comprender el instrumento utilizado lo suficiente como para no actuar de forma ciega (Alfaro Águila-Real, 2026). La confianza en los resultados emitidos por un modelo informático requiere poder ser explicada y reconstruida razonablemente ante un examen posterior (Alfaro Águila-Real, 2026; Chico, 2026). Si los administradores no pueden justificar los motivos mínimos por los cuales confiaron en un software determinado, o si omiten documentar la evaluación de los riesgos inherentes al sistema, la protección de la BJR decae de modo inmediato, quedando expuestos a las acciones de responsabilidad por los perjuicios causados a la sociedad o a los socios (Alfaro Águila-Real, 2026).

4.2. La prohibición de la confianza irreflexiva en los resultados algorítmicos y el deber de control de riesgos

La figura de la «delegación ciega» describe el comportamiento del órgano de administración que asume de manera pasiva e irreflexiva las recomendaciones o decisiones dictaminadas por un programa algorítmico, omitiendo los mecanismos indispensables de fiscalización humana (Alfaro Águila-Real, 2026; Cordero González, 2026). El Derecho societario ha considerado históricamente que las facultades del consejo resultan imputables a sus miembros cuando la delegación en terceros —sean ejecutivos, asesores o herramientas informáticas— se realiza con dolo o culpa grave (Alfaro Águila-Real, 2026). Aceptar ciegamente las salidas de un modelo de inteligencia artificial no constituye una exoneración por automatización, sino una infracción manifiesta del deber fiduciario de diligencia organizativa en la selección y supervisión de los medios tecnológicos (Alfaro Águila-Real, 2026; Rojí, 2021).

El control de riesgos forma parte indisoluble del deber de diligencia exigible a los consejeros (Rojí, 2021). En entornos corporativos mediados por inteligencia artificial, emergen señales de alerta específicas (red flags) que los administradores no pueden ignorar sin incurrir en responsabilidad personal (Alfaro Águila-Real, 2026). Fenómenos como la «deriva del modelo» (model drift), la degradación progresiva de la precisión de las respuestas, la estabilidad anómala en las tasas de error o la discrepancia entre las predicciones informáticas y los acontecimientos del mercado operan como indicios claros de que la infraestructura de supervisión no está funcionando adecuadamente (Alfaro Águila-Real, 2026). Omitir la adopción de medidas correctoras ante estas señales o mantener sistemas opacos sin canales de información hacia el consejo constituye una conducta incompatible con la buena fe que despoja al gestor de cualquier inmunidad jurídica (Alfaro Águila-Real, 2026).

5. La imputación directa a la persona jurídica y los esquemas de cumplimiento corporativo

Más allá de la responsabilidad civil y de los deberes fiduciarios de los directivos, la utilización corporativa de inteligencia artificial proyecta consecuencias directas sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica.

5.1. La integración de la inteligencia artificial en la responsabilidad penal corporativa

En el ordenamiento penal español, el artículo 31 bis del Código Penal atribuye responsabilidad directa a las personas jurídicas por los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su beneficio directo o indirecto, por parte de sus representantes legales y directivos, o por empleados debido al incumplimiento grave de los deberes de supervisión y control (De La Mata y Pérez González, 2023; Cordero González, 2026). La implementación de herramientas algorítmicas en las rutinas de negocio amplía de manera notable la superficie de imputación corporativa en tipos penales diversos (Cordero González, 2026). En el ámbito patrimonial, las herramientas de inteligencia artificial generativa facilitan la comisión de estafas mediante suplantaciones de voz o vídeo en transferencias no autorizadas, mientras que los algoritmos de negociación masiva en el mercado de valores pueden incurrir autónomamente en maniobras de alteración de precios o manipulación de mercado (De La Mata y Pérez González, 2023; Cordero González, 2026). Asimismo, en materia de secretos corporativos y protección de datos, el fenómeno de la Shadow AI —empleo clandestino de herramientas tecnológicas no autorizadas por parte de empleados— desencadena riesgos severos de filtración no controlada de información confidencial (Cordero González, 2026).

La inteligencia artificial autónoma puede actuar en las corporaciones bajo modalidades diversas: como herramienta de apoyo decisional, como integrante en comités colegiados (AI as a Corporate Board member) o como procesador con capacidad de ejecución desatendida sin supervisión humana directa (human-out-of-the-loop) (De La Mata y Pérez González, 2023). Cuando un sistema algorítmico configurado de esta última forma toma una determinación delictiva —por ejemplo, una discriminación sistemática en procesos de selección de personal del artículo 318 bis CP o una manipulación de mercado del artículo 284 CP—, el hecho típico puede ser atribuido directamente a la persona jurídica (De La Mata y Pérez González, 2023; Cordero González, 2026). Aunque el artículo 31 bis CP presuponga originariamente la mediación de un ser humano, el defecto de organización de la propia empresa que permite al software actuar al margen de los protocolos ético-sociales fundamenta la responsabilidad penal corporativa por el hecho realizado por el agente tecnológico (De La Mata y Pérez González, 2023).

5.2. Los programas de cumplimiento normativo algorítmico y la supervisión efectiva

La exención de responsabilidad penal de la persona jurídica prevista en el artículo 31 bis CP exige la adopción y ejecución eficaz, con carácter previo a la comisión del ilícito, de un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que se ha cometido (De La Mata y Pérez González, 2023; Cordero González, 2026). Para que un programa de cumplimiento (compliance penal) mantenga su idoneidad en entidades que emplean inteligencia artificial, resulta imperativo adaptar la cartografía de riesgos a la era algorítmica (Valls Prieto, 2022; Cordero González, 2026). Las exigencias contenidas en el Reglamento europeo de inteligencia artificial —gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, transparencia, conservación de registros y supervisión humana— operan materialmente como el contenido obligatorio que debe revestir el programa de prevención penal (De La Mata y Pérez González, 2023; Cordero González, 2026).

El programa de cumplimiento algorítmico debe traducir las prohibiciones legales a un lenguaje de reglas e instrucciones informáticas que restrinjan la operatividad del software dentro de márgenes lícitos (De La Mata y Pérez González, 2023). Si la empresa no es capaz de comprender, auditar y controlar activamente el funcionamiento de las aplicaciones informáticas que despliega, no podrá justificar ante los órganos jurisdiccionales la existencia de una cultura de cumplimiento ético auténtica (De La Mata y Pérez González, 2023; Cordero González, 2026). La supervisión humana no puede ser meramente nominal o formal; debe estructurarse mediante protocolos efectivos de interrupción (human-in-the-loop o human-on-the-loop), asegurando que las decisiones automatizadas de elevado riesgo sean fiscalizadas por personal con la competencia, el tiempo y la autoridad necesarios para detener la ejecución algorítmica (Valls Prieto, 2022; Chico, 2026).

6. Modelos comparados de respuesta normativa ante los daños algorítmicos

La retirada de las propuestas procesales armonizadas a nivel europeo ha llevado a los estados miembros a adoptar soluciones dispares frente a los problemas causados por sistemas inteligentes.

6.1. La reconstrucción procesal italiana frente al vacío de la directiva europea

La decisión de la Comisión Europea de retirar en octubre de 2025 la propuesta de Directiva sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial (AI Liability Directive - AILD) dejó desmantelado el único instrumento diseñado para armonizar el régimen probatorio de las víctimas en el mercado interior (Varas Quijón, 2026). Ante esta desarmonización, el ordenamiento italiano reaccionó de manera proactiva mediante la promulgación de la Ley 132/2025 de 23 de septiembre, que incluyó en su artículo 24 una delegación legislativa amplia para regular la responsabilidad civil y el reparto de la carga de la prueba en los daños algorítmicos (Varas Quijón, 2026; Cordero González, 2026). En desarrollo de esta delegación, los esquemas de decretos legislativos aprobados en 2026 han reconstruido a nivel nacional el arsenal procesal que la propuesta europea abortada pretendía instaurar para la Unión (Varas Quijón, 2026).

El modelo italiano introduce cuatro instrumentos procesales de gran relevancia para la tutela de los perjudicados (Varas Quijón, 2026). En primer lugar, concede a los jueces la facultad de ordenar la exhibición de la documentación técnica del sistema a favor del demandante que aporte indicios verosímiles de daño (Varas Quijón, 2026). En segundo lugar, establece una presunción iuris tantum de nexo causal entre la infracción de las obligaciones del Reglamento (UE) 2024/1689 y el resultado dañoso producido (Varas Quijón, 2026). En tercer lugar, consagra la regla explícita de que la mera conformidad regulatoria u obtención del marcado CE no exonera al operador de la responsabilidad civil (Varas Quijón, 2026). Por último, crea una acción directa de la víctima contra la entidad aseguradora de la responsabilidad civil del usuario profesional o desarrollador (Varas Quijón, 2026). De este modo, Italia ha evitado el desamparo de las víctimas, consolidando un esquema nacional articulado de imputación (Varas Quijón, 2026).

6.2. La posición del ordenamiento español mediante el Derecho común de responsabilidad

En contraste con la intervención legislativa italiana, la respuesta del legislador español se ha caracterizado por la abstención en el plano del Derecho privado sustantivo y procesal (Varas Quijón, 2026). El Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial se configura casi de forma exclusiva como una norma de gobernanza administrativa y régimen sancionador, regulando las competencias de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y el catálogo de infracciones administrativas (Varas Quijón, 2026; Cordero González, 2026). El texto guarda un silencio absoluto sobre las reglas de responsabilidad civil, omitiendo la regulación de presunciones de causalidad, mecanismos especiales de exhibición documental o acciones directas de indemnización (Varas Quijón, 2026).

Como consecuencia de este silencio, las demandas por incumplimiento o por daños derivados de sistemas de inteligencia artificial en España deben encauzarse a través de las normas tradicionales del Código Civil —artículos 1902 y 1903 para la responsabilidad extracontractual y artículo 1101 para la contractual— y bajo la regla ordinaria de carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Varas Quijón, 2026; Chico, 2026). La única tutela objetivada con flexibilización probatoria se encuentra en el régimen de productos defectuosos tras la Directiva (UE) 2024/2853, la cual resulta de aplicación restringida al ámbito de los consumidores y a la noción técnica de producto, dejando desatendidas las relaciones B2B, los daños derivados de la culpa del usuario profesional y las pérdidas puramente patrimoniales (Varas Quijón, 2026; Chico, 2026). La falta de una reforma procesal civil en España traslada a la jurisprudencia la pesada carga de corregir la asimetría de la caja negra mediante interpretaciones arriesgadas del artículo 217 LEC o apelaciones a la prueba de presunciones (Varas Quijón, 2026; Navarrete Medina, 2026).

7. La ficción del algoritmo exoneratorio: análisis dogmático sobre la responsabilidad corporativa y la delegación en sistemas inteligentes

La tesis de que un sistema de inteligencia artificial dotado de capacidades predictivas actúa como un evento capaz de interrumpir la relación de causalidad entre la conducta de una persona jurídica y el perjuicio producido constituye una interpretación jurídicamente insostenible. Quienes pretenden configurar la autonomía informática como una causa ajena o un evento fortuito confunden la complejidad matemática del aprendizaje automático con una verdadera fractura del nexo causal. El funcionamiento opaco del software no disuelve la atribución de responsabilidad; traslada el eje del debate procedimental hacia la observancia de los deberes de cuidado en la elección, implementación y fiscalización del programa. Pretender que la imprevisibilidad del código libere de toda carga patrimonial a las organizaciones equivale a instaurar una patente de impunidad en beneficio de los operadores económicos.

Al examinar la actuación de los órganos de administración, se advierte que la integración de herramientas algorítmicas no altera la estructura de las obligaciones fiduciarias existentes. La doctrina mercantilista atinadamente señala que la tecnología no crea figuras inéditas de negligencia; genera variadas formas de incurrir en infracciones ordinarias del deber de diligencia. La denominada "delegación ciega" o la aceptación acrítica de las decisiones emitidas por un programa informático representa una quiebra de la conducta exigible al ordenado empresario. Si los administradores sociales adoptan determinaciones estratégicas apoyándose en sistemas que no comprenden, o si omiten documentar la razón de su confianza en las salidas del software, pierden la protección de la regla del juicio de negocio (Business Judgment Rule). El deber de controlar las contingencias organizativas exige supervisar la infraestructura informática con el mismo rigor que se aplica a cualquier otra área del negocio.

En la esfera del Derecho penal corporativo, el defecto de organización organizativa funda la imputación de la persona jurídica cuando la herramienta tecnológica opera sin controles humanos adecuados. El artículo 31 bis del Código Penal exige modelos de prevención aptos para detectar conductas delictivas, extendiendo tales exigencias a las rutinas automatizadas. Cuando una empresa permite la actuación desatendida de un algoritmo sin fijar parámetros éticos y normativos en su código, la actuación delictiva resultante debe ser atribuida directamente a la entidad. Los programas de cumplimiento normativo deben incorporar la gobernanza de datos, la trazabilidad de los procesos y el control constante de los algoritmos para conservar su eficacia exoneratoria ante los tribunales.

El análisis comparado evidencia una divergencia marcada en las soluciones legislativas adoptadas ante la inactividad de las instituciones comunitarias. Tras la retirada de la propuesta de Directiva sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial, la respuesta europea ha quedado fragmentada. La experiencia italiana demuestra la posibilidad de articular un régimen procesal protector de las víctimas mediante presunciones de causalidad e instrumentos de exhibición documental. La abstención del legislador español, manifestada en un proyecto enfocado únicamente en la gobernanza administrativa, genera una desprotección para los perjudicados, quienes deben afrontar las dificultades de la prueba ordinaria bajo la regla general del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta omisión legal traslada una presión excesiva a los órganos judiciales, abocándolos a interpretar los preceptos tradicionales del Código Civil para evitar situaciones de indefensión ante la caja negra algorítmica.

8. Hacia un modelo integral de atribución patrimonial y regulación procesal ante el riesgo algorítmico corporativo

La superación de la asimetría informativa provocada por la opacidad tecnológica requiere modificar las reglas procedimentales en la responsabilidad civil [Varas Quijón, 2026; Navarrete Medina, 2026]. El modelo procesal debe incorporar facultades judiciales expresas para exigir la exhibición de la documentación técnica, los datos de entrenamiento y los registros de actividad del sistema algorítmico cuando la víctima aporte indicios verosímiles de daño [Varas Quijón, 2026; González Estévez, 2023]. Debe consagrarse una presunción iuris tantum de causalidad entre la inobservancia de las normas de seguridad digital fijadas en la regulación europea y el resultado perjudicial producido [Varas Quijón, 2026]. Esta estructuración traslada la carga de la prueba hacia la entidad que despliega la herramienta, asegurando que el cumplimiento formal de las exigencias administrativas no opere como una exoneración automática si el daño efectivo se verifica en la práctica [Varas Quijón, 2026].

En el ámbito del Derecho de sociedades, la adecuada articulación del deber de diligencia exige fijar criterios claros para la toma de decisiones asistida por algoritmos [Alfaro Águila-Real, 2026; Rojí, 2021]. Se requiere establecer protocolos de comprobación organizativa que obliguen a los consejos de administración a documentar la comprensión del software utilizado, la ponderación de sus márgenes de error y el análisis de la idoneidad de los datos empleados [Alfaro Águila-Real, 2026; Rojí, 2021]. La validez del amparo otorgado por la regla del juicio de negocio debe condicionarse a la demostración de esta actividad de verificación previa [Alfaro Águila-Real, 2026]. La existencia de canales de comunicación internos aptos para trasladar alertas sobre anomalías o variaciones en el rendimiento algorítmico resulta obligatoria para impedir la pasividad de los administradores [Alfaro Águila-Real, 2026].

Respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los esquemas de prevención del artículo 31 bis del Código Penal deben reestructurarse para integrar la gobernanza de la infraestructura tecnológica dentro del mapa de riesgos corporativos [De La Mata y Pérez González, 2023; Cordero González, 2026]. Resulta indispensable implantar mecanismos de supervisión humana efectiva provistos de capacidad técnica e interrupción en tiempo real sobre los procesos automatizados desatendidos [Valls Prieto, 2022; Chico, 2026]. La inclusión de auditorías periódicas del código, el control de la calidad de los conjuntos de datos y la prohibición explícita del uso de herramientas no autorizadas garantizan la efectividad del programa de cumplimiento y evitan la atribución directa por defectos organizativos [De La Mata y Pérez González, 2023; Cordero González, 2026].

El diseño normativo debe completarse con la instauración de una acción directa del perjudicado contra las entidades aseguradoras de la responsabilidad civil de las empresas usuarias o desarrolladoras [Varas Quijón, 2026]. Esta previsión otorga solvencia a la reparación patrimonial y desvincula la indemnización de las complejidades internas de la cadena de suministro tecnológico [Varas Quijón, 2026; Chico, 2026]. La coordinación entre el régimen de responsabilidad por productos defectuosos y las normas sobre contratación privada garantiza un sistema articulado donde la sombra en la decisión informática no derive en la desprotección del afectado [Varas Quijón, 2026; Chico, 2026].

9. Conclusiones y prospectiva doctrinal

El estudio de la inteligencia artificial como presupuesto de responsabilidad jurídica permite concluir que la autonomía de los modelos algorítmicos no constituye una causa ajena rupturista ni un muro de contención que exonere a las organizaciones mercantiles. La pretensión de considerar el aprendizaje automático como un evento equiparable a la fuerza mayor responde a una concepción equivocada de la tecnología que busca erosionar las bases de la responsabilidad civil y corporativa. La inteligencia artificial carece de subjetividad jurídica y de patrimonio; de esta forma, las consecuencias perjudiciales derivadas de su empleo deben ser asumidas por las personas jurídicas y los administradores que deciden integrarla en su gestión corporativa para obtener eficiencias o ventajas patrimoniales.

Respecto a los órganos de administración, la utilización de sistemas autónomos no crea deberes fiduciarios exóticos, pero modifica de manera profunda el plano probatorio de la diligencia debida. El recurso a la inteligencia artificial bajo esquemas de delegación ciega —caracterizados por el acatamiento irreflexivo de los dictámenes informáticos y la falta de supervisión humana— conlleva la pérdida inmediata de la protección otorgada por la regla del juicio de negocio (Business Judgment Rule). Los administradores conservan un deber ineludible de control de riesgos que les obliga a comprender las herramientas empleadas, a exigir garantías de explicabilidad a los proveedores y a reaccionar con presteza ante las señales de anomalía o deriva del modelo. En la misma línea, en el ámbito penal corporativo, el artículo 31 bis del Código Penal exige que los programas de cumplimiento normativo incorporen de forma prioritaria la gobernanza de los sistemas de alto riesgo, convirtiendo las exigencias de supervisión humana, trazabilidad y calidad de datos en requisitos constitutivos para la exención de responsabilidad de la persona jurídica.

Por último, el examen comparado demuestra que la abstención legislativa en materia de responsabilidad civil —como la verificada en el ordenamiento español— genera una laguna que vulnera la tutela judicial efectiva de las víctimas al someterlas a las exigencias probatorias ordinarias ante la caja negra algorítmica. Frente a este silencio, el modelo de reconstrucción procesal desarrollado en Italia marca la pauta de la evolución doctrinal necesaria, mediante la instauración de facultades de exhibición documental y presunciones de causalidad basadas en la infracción de las normas de seguridad digital. Se hace imprescindible que las futuras reformas legislativas asuman que la mitigación del riesgo algorítmico no se agota en la supervisión administrativa ex ante, sino que exige consolidar un régimen civil y corporativo claro donde la sombra en la que la máquina toma decisiones no se traduzca jamás en la indefensión de quien padece sus consecuencias.
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Bibliografía
Alfaro Águila-Real, J. (2026). ¿Afecta la IA a los deberes fiduciarios de los administradores? DerechoMercantil.
Chico, S. D. (2026). IA y responsabilidad civil: ¿quién responde cuando falla? ENATIC – Abogacía Digital.
Cordero González, J. (2026). Inteligencia artificial y responsabilidad penal corporativa. El Derecho.
De La Mata Barranco, N. J., y Pérez González, S. (2023). Inteligencia artificial autónoma y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Almacén de Derecho.
González Estévez, A. E. (2023). Inteligencia artificial y responsabilidad civil: propuestas de directivas de la Comisión Europea. Revista Digital del Consorcio de Compensación de Seguros, (18), 1-9.
Montero, J. (2026). ¿Quién responde cuando se equivoca la inteligencia artificial? La crisis del sistema clásico de responsabilidad. Economist & Jurist.
Navarro-Dolmestch, R. (2025). Sobre una adecuación del derecho penal ante los conflictos derivados de las tecnologías de inteligencia artificial. Revista de Derecho Universidad de Concepción, 257(1), 43-70.
Navarrete Medina, P. (2026). La incertidumbre causal en la responsabilidad por actuaciones de la Inteligencia Artificial. Revista de Ciencias Sociales (Valparaíso), (88), 117-161.
Pérez Escolar, M. (2025). Personalidad jurídica e Inteligencia Artificial. Fundamentos de asimilaciones imposibles. InDret, (3), 1-35.
Rojí, J. M. (2021). Los administradores tienen un deber de control de riesgos que es una manifestación muy relevante del deber de diligencia. El Derecho.
Valls Prieto, J. (2022). Sobre la responsabilidad penal por la utilización de sistemas inteligentes. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (24-27), 1-35.
Varas Quijón, A. G. (2026). La víctima frente a la caja negra: responsabilidad civil por daños de la inteligencia artificial tras la retirada de la Directiva europea (AILD). La reconstrucción italiana de la Ley 132/2025 y sus decretos delegados frente a la abstención española del Proyecto de Ley Orgánica de 2026. InDret, (3), 1-15.

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martes, 30 de junio de 2026

Acciones de Regreso como Límite a la Desidia Gestora

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M. Velasco, 2026 (*). De la Responsabilidad Objetiva a la Imputación Individual: El Rol de las Acciones de Regreso y los Pleitos Derivativos en el Cumplimiento Moderno - From Strict Liability to Individual Imputation: The Role of Recourse Actions and Derivative Litigation in Modern Compliance

Resumen: Se analiza la transformación de los sistemas de cumplimiento normativo desde un enfoque defensivo basado en la evitación de costes hacia una estructura ofensiva que integra la responsabilidad personal de los administradores. Se examina la evolución de la doctrina de supervisión, desde los estándares pasivos históricos hasta las exigencias contemporáneas de monitoreo activo en áreas de riesgo crítico. Se aborda de manera comparada las acciones de regreso en el derecho administrativo y los pleitos derivativos en el ámbito corporativo, evaluando cómo la imputación individual busca corregir las ineficiencias de la responsabilidad puramente institucional. Se presta atención a la expansión de los deberes de cuidado hacia factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y el impacto que la amenaza de responsabilidad personal ejerce sobre la toma de decisiones empresariales.

Palabras clave: Compliance, Acciones de Regreso, Pleitos Derivativos, Doctrina Caremark, Responsabilidad de Administradores, ESG, Supervisión Corporativa.

Abstract: This article analyzes the transformation of compliance systems from a defensive, cost-avoidance approach to an offensive structure that integrates the personal liability of directors. It examines the evolution of supervisory doctrine, from historical passive standards to contemporary demands for active monitoring in critical risk areas. The study comparatively addresses recourse actions in administrative law and derivative litigation in the corporate sphere, evaluating how individual imputation seeks to correct the inefficiencies of purely institutional liability. Special attention is paid to the expansion of care duties to include environmental, social, and governance (ESG) factors, and the impact of the threat of personal liability on corporate decision-making.

Keywords: Compliance, Recourse Actions, Derivative Litigation, Caremark Doctrine, Directors' Liability, ESG, Corporate Supervision.

(*) Manuel Velasco Carretero, es doctor en Ciencias jurídicas y sociales por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Málaga (UMA), la Universidad Antonio de Nebrija, la Universidad de Alicante, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Extremadura, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Vigo, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Oberta de Catalunya. Es experto universitario en cumplimiento normativo – compliance por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), diplomado en empresariales por la UMA, licenciado en ciencias económicas y empresariales, economista, por la UMA , graduado en derecho por la UNIR, máster jurídico oficial por la UMA, máster económico-financiero oficial convalidado por el Ministerio de Educación del Gobierno de España, abogado por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, colegiado no ejerciente en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga, gestor administrativo por el Ministerio de la Función Pública del Gobierno de España, administrador de fincas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de España, experto universitario en peritaje judicial por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

1. Introducción

La arquitectura del control corporativo ha experimentado una transición de gran calado desde finales del siglo XX, desplazándose de un modelo de vigilancia reactiva hacia un sistema que exige una proactividad constante por parte de los órganos de dirección (Capobianco, 2024). Históricamente, el estándar imperante en jurisdicciones de referencia permitía a los administradores mantener una postura pasiva, interviniendo únicamente cuando se presentaban señales de alarma evidentes de conducta ilícita (Capobianco, 2024; Langevoort, 2018). Esta concepción tradicional protegía la discrecionalidad directiva bajo la premisa de que no se podía esperar que supervisores a tiempo parcial detectaran irregularidades sin una causa específica de sospecha (Capobianco, 2024). Bajo este esquema, la persona jurídica asumía el peso de las sanciones, mientras que los individuos responsables permanecían a menudo protegidos por la dificultad de probar una omisión consciente de sus deberes.

El escenario actual, definido en gran medida por la creciente complejidad de los mercados y la globalización de las operaciones, ha dejado al descubierto las carencias del modelo de supervisión pasiva (Capobianco, 2024). Las exigencias sociales y regulatorias actuales demandan que los consejos de administración implementen sistemas de información y reporte que garanticen una vigilancia efectiva sobre las operaciones de riesgo (Capobianco, 2024; Goto, 2024). El cumplimiento normativo ya no se entiende como una mera herramienta para reducir la responsabilidad penal o administrativa de la empresa, se percibe como una obligación de gobernanza que, de ser omitida, puede derivar en la responsabilidad personal de los directivos (Langevoort, 2018; Bedi & Haugh, 2026). Esta tendencia hacia la imputación individual busca alinear los incentivos de los gestores con el interés social, asegurando que el patrimonio personal de los administradores pueda verse afectado ante negligencias graves en la supervisión de riesgos sistémicos.

2. El Compliance de Segunda Generación y la Teoría de la Ofensiva

Se analiza la transición del cumplimiento normativo desde un marco meramente defensivo de evitación de riesgos legales hacia una herramienta estratégica de generación de valor. Se explora cómo el enfoque tradicional ha limitado el desarrollo de la disciplina y cómo la nueva teorización propone integrar el cumplimiento en las decisiones de negocio para obtener ventajas competitivas sostenibles.

La visión predominante del cumplimiento ha estado dominada por una perspectiva que considera a estos departamentos como centros de costes encargados de pagar "primas de seguro" contra la responsabilidad legal (Bedi & Haugh, 2026). Bajo este esquema defensivo, las inversiones se realizan hasta el punto en que reducen el riesgo de sanción a un nivel aceptable, lo que desincentiva la innovación y la búsqueda de efectividad real en los sistemas de control (Bedi & Haugh, 2026). Casi toda la literatura jurídica se ha centrado en cómo estos programas aíslan a las firmas del riesgo de litigios públicos y privados, asumiendo que su beneficio primordial es la protección de la reputación tras una violación (Bedi & Haugh, 2026). Esta miopía ha impedido ver que el cumplimiento puede funcionar como un motor de ingresos y una ventaja estratégica en entornos competitivos (Bedi & Haugh, 2026).

La reteorización hacia un "cumplimiento ofensivo" utiliza conceptos de la economía institucional para proponer que las empresas utilicen las instituciones públicas y las normas éticas para ganar cuota de mercado (Bedi & Haugh, 2026). Las organizaciones con sistemas robustos pueden emplear estrategias adaptativas, como demandar a competidores con controles deficientes que obtienen ventajas mediante prácticas corruptas, o facilitar procesos de adquisición más eficientes al reducir los costes de transacción (Bedi & Haugh, 2026). Igualmente, un compromiso con estándares superiores a los exigidos por ley permite atraer a consumidores que valoran la ética, permitiendo cobrar precios superiores y mejorar la retención de talento (Bedi & Haugh, 2026). Este giro doctrinario justifica la exigencia de mayor responsabilidad a los administradores, ya que el cumplimiento deja de ser una carga administrativa para transformarse en una función de gestión central que impacta directamente en el éxito financiero de la entidad.

3. La Doctrina Caremark y la Evolución de la Responsabilidad por Supervisión

Se detalla el desarrollo jurisprudencial de los deberes de monitoreo en el consejo de administración, partiendo de los precedentes clásicos hasta llegar a las aplicaciones modernas que incluyen riesgos operativos no financieros. Se discute cómo la distinción entre decisiones de negocio y omisiones de vigilancia marca el límite de la protección judicial para los directivos.

La doctrina contemporánea sobre la responsabilidad de los administradores por falta de vigilancia tiene sus raíces en el reconocimiento de deberes de cuidado activos, superando la antigua regla que solamente exigía actuar ante señales evidentes de mal comportamiento (Capobianco, 2024; Langevoort, 2018). El estándar actual establece que el consejo tiene la obligación de asegurar la existencia de sistemas internos de información razonablemente diseñados para detectar riesgos de ilegalidad (Capobianco, 2024; Langevoort, 2018). Esta obligación no se satisface con la mera creación formal de un programa de cumplimiento; requiere que los directivos demuestren un esfuerzo de buena fe en su implementación y que no ignoren deliberadamente las deficiencias detectadas (Capobianco, 2024; Goto, 2024). La jurisprudencia ha identificado que el incumplimiento de estos deberes de supervisión puede constituir una violación del deber de lealtad, lo que elimina la protección de las cláusulas de expropiación en los estatutos sociales (Capobianco, 2024).

En años recientes, la aplicación de estos estándares se ha expandido para abarcar riesgos que afectan la viabilidad del negocio, denominados riesgos de "misión crítica" (Capobianco, 2024; Goto, 2024). Casos emblemáticos han demostrado que el cumplimiento normativo reglamentario no es suficiente para exonerar a los administradores si estos no supervisan áreas centrales de la operación, como la seguridad alimentaria en empresas del sector o la seguridad de productos en la industria aeroespacial (Capobianco, 2024; Adeyeye, 2024). Además, la vigilancia se ha extendido a la cultura organizacional y al capital humano, incluyendo el monitoreo del acoso sexual y la discriminación en el entorno laboral (Capobianco, 2024). Esta evolución refleja un consenso creciente sobre la idea de que los administradores deben ser guardianes de la legalidad y de la integridad operativa y ética de la corporación para salvaguardar su valor a largo plazo.

4. Las Acciones de Regreso en el Ámbito Administrativo y Público

Se examina el mecanismo jurídico mediante el cual la Administración reclama a sus agentes el reembolso de las indemnizaciones pagadas por daños causados a terceros. Se analiza la naturaleza administrativa de este procedimiento y las dificultades prácticas que impiden su aplicación efectiva en diversos sistemas legales.

La acción de regreso se define como el instrumento jurídico que permite a la entidad pública resarcirse de las cantidades abonadas a lesionados debido a la conducta de su personal (Galán Galán, 2025; Martínez-Cardós, 2025). A diferencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que suele ser objetiva y directa, la responsabilidad del funcionario en vía de regreso es de naturaleza subjetiva (Galán Galán, 2025; Martínez-Cardós, 2025). Esto implica que la Administración debe acreditar la existencia de dolo o negligencia grave en la actuación del agente para que prospere la reclamación (Galán Galán, 2025; Martínez-Cardós, 2025). El pago efectivo de la indemnización a la víctima es un presupuesto de procedibilidad indispensable, ya que solamente el detrimento patrimonial real habilita el ejercicio de esta pretensión de reembolso (Galán Galán, 2025; Martínez-Cardós, 2025).

A pesar de su reconocimiento legal detallado, la eficacia práctica de estas acciones es notablemente baja en múltiples jurisdicciones (Galán Galán, 2025; Ospina Garzón, 2025). Entre las causas de esta inactividad se encuentran las resistencias corporativas, el coste político de demandar a cargos electos y la habitual insolvencia de los empleados frente a daños de gran cuantía (Galán Galán, 2025). Existe además un temor fundado a que una aplicación rigurosa de la responsabilidad personal genere el fenómeno de la "administración defensiva", donde los funcionarios evitan tomar decisiones necesarias por miedo al riesgo patrimonial (Ibler, 2025; Vignolo Cueva, 2025). Algunos sistemas han introducido seguros de responsabilidad civil para paliar estos efectos, aunque su uso puede desvirtuar la función preventiva de la sanción si las primas son costeadas por la propia Administración (Galán Galán, 2025; Perdomo Villamil, 2025).

5. El Litigio Derivativo y el Control de los Costes de Agencia

El apartado final analiza la demanda derivada como medio de protección para los accionistas frente a la mala gestión de los administradores. Se examina la tensión entre el incentivo al litigio y la protección de la discrecionalidad directiva, junto con las barreras procedimentales que limitan el éxito de estas acciones en la práctica.

Los pleitos derivativos constituyen una herramienta central para reducir los problemas de agencia, permitiendo que los accionistas reclamen en nombre de la sociedad cuando los directores han actuado de manera oportunista o negligente (Gibbs & Ogbonnaya, 2018). El propósito de estas acciones es alinear los intereses de los gestores con los de los propietarios de la firma, minimizando los costes derivados de conductas desleales (Gibbs & Ogbonnaya, 2018). No obstante, existe una tensión constante entre el exceso de litigación, que puede paralizar el negocio con demandas frívolas, y la falta de aplicación de las normas, que permite la impunidad directiva (Gibbs & Ogbonnaya, 2018). Los tribunales suelen exigir el cumplimiento de requisitos estrictos, como la acreditación de un caso prima facie de incumplimiento de deberes, antes de permitir que la acción continúe (Gibbs & Ogbonnaya, 2018; Adeyeye, 2024).

Las reformas legislativas modernas han intentado equilibrar estos intereses otorgando a los jueces la facultad de considerar si el litigio realmente beneficia a la compañía en su conjunto (Gibbs & Ogbonnaya, 2018; Goto, 2024). Factores como la disponibilidad de remedios alternativos o la opinión de accionistas independientes son ponderados para decidir sobre la procedencia de la demanda (Gibbs & Ogbonnaya, 2018). Recientemente, se ha observado un intento de utilizar estas acciones para exigir cuentas en materia de riesgos climáticos y ESG, aunque la dificultad de probar la causalidad y el mérito legal suficiente sigue siendo un obstáculo para los demandantes (Adeyeye, 2024; Goto, 2024). El éxito de estas acciones reside en la obtención de una condena dineraria y en su función disuasoria, que obliga a los administradores a adoptar procesos de decisión más transparentes y documentados para evitar el riesgo de un juicio personal (Capobianco, 2024; Gibbs & Ogbonnaya, 2018).

6. ESG, Externalidades y Límites de la Discrecionalidad

Se aborda la intersección entre el cumplimiento normativo y las externalidades negativas producidas por la actividad empresarial. Se evalúa cómo los tribunales están comenzando a limitar la protección de la discrecionalidad directiva cuando los riesgos ignorados tienen un impacto sistémico para la sociedad y el medio ambiente.

El auge de los criterios ESG ha impulsado un debate sobre si los administradores están obligados a considerar los intereses de grupos ajenos a los accionistas, incluso más allá de los requisitos legales estrictos (Goto, 2024). Mientras la postura tradicional niega tal obligación, nuevas corrientes jurisprudenciales sugieren que la inacción ante riesgos ambientales o sociales graves puede constituir un incumplimiento del deber de cuidado (Goto, 2024; Capobianco, 2024). En casos de accidentes industriales masivos, como el desastre de Fukushima, se ha sancionado a directivos por ignorar información científica que advertía sobre riesgos climáticos extremos, imponiendo responsabilidades civiles de cuantías extraordinarias (Goto, 2024). Estas sentencias envían un mensaje contundente sobre la necesidad de integrar el análisis de externalidades en la planificación estratégica de la empresa (Goto, 2024).

A pesar de la importancia de proteger a la sociedad frente a daños corporativos, la expansión desmedida de la responsabilidad por supervisión podría comprometer la capacidad de innovación de las empresas (Goto, 2024). La regla de juicio de negocio es central para incentivar la toma de riesgos óptima, y su erosión mediante la imposición de responsabilidades personales inasegurables puede desincentivar el liderazgo empresarial (Goto, 2024). Por este motivo, la doctrina debe distinguir entre errores honestos en decisiones de negocio complejas y fallos sistémicos en los procesos de vigilancia (Capobianco, 2024; Goto, 2024). El futuro del cumplimiento de segunda generación dependerá de la capacidad de los tribunales para calibrar estos deberes de monitoreo de forma contextual, atendiendo a la naturaleza específica de los riesgos y garantizando que la exigencia de responsabilidad individual sea un mecanismo de equilibrio y no de parálisis organizacional (Capobianco, 2024; Goto, 2024; Ospina Garzón, 2025).

7. Sobre la evolución de la responsabilidad personal de los administradores y los sistemas de cumplimiento

La transición hacia una exigencia de responsabilidad personal de los administradores y agentes públicos, aunque teóricamente coherente con la protección del patrimonio colectivo, presenta grietas estructurales que cuestionan su efectividad real. El sistema jurídico ha diseñado mecanismos como las acciones de regreso y los pleitos derivativos para evitar que la persona jurídica actúe como un escudo protector ante negligencias individuales, pero la práctica demuestra que estas herramientas operan con una frecuencia mínima. Esta inactividad genera un escenario donde la norma existe formalmente, carece de aplicación material, lo que deriva en una situación de impunidad fáctica para los gestores.

La doctrina de supervisión activa, personificada en la evolución de los estándares judiciales, impone obligaciones de monitoreo que pueden resultar inabarcables para órganos de dirección que no gestionan el día a día operativo. Existe un riesgo latente de que la amenaza constante sobre el patrimonio personal de los directivos genere una parálisis en la toma de decisiones, fenómeno conocido como administración defensiva o "miedo a la firma". De esta forma, el derecho administrativo y mercantil podría estar produciendo un efecto contrario al deseado: en lugar de gestores valientes y comprometidos con el interés social, se incentiva la adopción de posturas excesivamente conservadoras que evitan cualquier tipo de riesgo, incluso aquellos necesarios para el progreso económico.

7.1. El abismo entre la teoría del regreso y la realidad administrativa

La acción de repetición en el ámbito público se fundamenta en la idea de que el erario no debe soportar los costes de conductas dolosas o gravemente negligentes de sus funcionarios. A pesar de esta lógica impecable, las administraciones muestran una resistencia sistemática a iniciar procedimientos contra su propio personal. Las causas de esta desidia son variadas, incluyendo presiones sindicales y el elevado coste político que supone demandar a cargos elegidos democráticamente. Así, la responsabilidad objetiva del Estado acaba funcionando como un mecanismo de socialización de las pérdidas causadas por la mala gestión individual, cargando sobre los hombros del contribuyente indemnizaciones que deberían ser reembolsadas por sus autores.

El diseño del procedimiento administrativo de regreso añade capas de complejidad que dificultan todavía más su ejercicio. En jurisdicciones como la española, la ausencia de plazos claros para el inicio del expediente y la indeterminación del órgano competente dejan el éxito de la acción al arbitrio de la voluntad política del momento. El resultado es un instrumento jurídico que se asemeja a un ornamento legal, incapaz de ejercer su función disuasoria y de control sobre la conducta funcionarial. Mientras el Estado continúe pagando sin reclamar el reembolso, el sistema de responsabilidad patrimonial será un mecanismo incompleto que protege al negligente a expensas del interés general.

7.2. La captura institucional en los pleitos derivativos

En el ámbito corporativo, la demanda derivada surge como la vía para que los accionistas reclamen en nombre de la sociedad cuando el consejo de administración falla en sus deberes de lealtad o vigilancia. Aun así, el acceso a este remedio judicial está plagado de obstáculos procedimentales que favorecen sistemáticamente a los administradores demandados. Los tribunales exigen la acreditación de casos con un sustento legal extremadamente sólido antes de permitir el avance del litigio, lo que actúa como una barrera insuperable debido a la asimetría de información que sufren los accionistas minoritarios.

El uso de comités especiales de litigación representa otro mecanismo de blindaje que desvirtúa la finalidad de la acción derivativa. Estos grupos, formados frecuentemente por directivos independientes pero vinculados sociológicamente al consejo, tienden a recomendar el archivo de las demandas bajo el pretexto de proteger el interés comercial de la compañía. La jurisprudencia a menudo otorga una deferencia excesiva a estas decisiones, ignorando los sesgos estructurales que impiden un juicio verdaderamente imparcial sobre la conducta de los iguales. De este modo, la responsabilidad personal de los administradores se diluye en una red de procedimientos internos diseñados para preservar el statu quo directivo.

7.3. Los peligros de la mercantilización del cumplimiento normativo

La propuesta de un "cumplimiento ofensivo" que transforme los departamentos de control en unidades generadoras de ingresos plantea interrogantes éticos de gran calado. Si bien integrar el cumplimiento en la estrategia de negocio puede elevar su estatus interno, existe el peligro de que la legalidad se convierta en una mera herramienta de ataque contra los competidores. Utilizar las instituciones públicas y el sistema judicial para ganar cuota de mercado podría desviar el objetivo primordial de la normativa de cumplimiento, que no representa otra cosa que garantizar la integridad y la ética en las operaciones.

El concepto de "lavado de cumplimiento" o compliance washing es una amenaza real en este nuevo marco estratégico. Las empresas podrían verse tentadas a implementar sistemas de fachada, muy desarrollados en lo formal, totalmente ineficaces para prevenir infracciones reales, solamente con el fin de obtener ventajas reputacionales o contractuales. Si el cumplimiento se percibe como una inversión publicitaria o una técnica de marketing, se corre el riesgo de vaciarlo de su contenido moral y transformarlo en un coste transaccional más dentro de la competencia de mercado. La efectividad de estos programas debe medirse por el cambio real en la cultura organizacional, no por su capacidad para incrementar el margen de beneficios.

7.4. Externalidades masivas y los límites del juicio de negocio

Casos de impacto sistémico, como el desastre de Fukushima, han puesto a prueba la solidez de la regla del juicio de negocio frente a riesgos extraordinarios. La imposición de responsabilidades civiles astronómicas a directores que ignoraron informes científicos plantea un dilema sobre el nivel de diligencia exigible. Aunque es necesario proteger a las víctimas de externalidades masivas, juzgar decisiones complejas con la ventaja del conocimiento posterior puede resultar injusto y desalentador para la gestión empresarial.

La expansión de los deberes de cuidado hacia factores ambientales y sociales (ESG) añade una capa de incertidumbre sobre qué riesgos deben ser considerados como críticos para la misión de la empresa. Sin una delimitación clara de estas obligaciones, los administradores operan en un terreno movedizo donde cualquier decisión que cause un impacto social negativo podría derivar en una demanda personal. La justicia debe encontrar el equilibrio entre la exigencia de responsabilidad por omisiones graves en la supervisión de riesgos sistémicos y el respeto a la autonomía de gestión necesaria para el dinamismo económico.

7.5. La ineficacia del seguro de responsabilidad como incentivo negativo

La proliferación de seguros de responsabilidad civil para directivos y empleados públicos, pagados habitualmente por la propia organización, subvierte la lógica de la imputación individual. Cuando la Administración sufraga las primas que protegen al funcionario de las consecuencias económicas de su negligencia grave, se produce un círculo vicioso de impunidad. El ente público paga la indemnización a la víctima y también la póliza que evita que el responsable devuelva el dinero, convirtiendo la acción de regreso en un trámite puramente contable sin efectos punitivos ni educativos.

Esta práctica debilita el carácter preventivo que debería tener la responsabilidad patrimonial personal. El gestor que se sabe protegido por una póliza incondicional tiene menos incentivos para adoptar estándares de cuidado rigurosos en su actuación diaria. Para que el sistema de cumplimiento de segunda generación sea efectivo, la responsabilidad debe doler en el patrimonio del infractor cuando exista dolo o culpa manifiesta. De lo contrario, seguiremos operando bajo un modelo de responsabilidad puramente institucional que externaliza los fallos individuales hacia el conjunto de la sociedad, perpetuando estructuras de control que son robustas en el papel, totalmente estériles en la práctica.

Para cerrar, la transición hacia la imputación individual de responsabilidades es un avance doctrinal necesario, requiere una reforma profunda de los mecanismos de aplicación para no quedarse en una declaración de intenciones. El equilibrio entre la protección del gestor ante errores honestos y la sanción efectiva de negligencias graves es el núcleo de un sistema de cumplimiento que aspire a ser algo más que una barrera defensiva contra sanciones legales. Finalmente, la responsabilidad personal únicamente será una realidad cuando las acciones de regreso dejen de ser excepcionales y los pleitos derivativos permitan un acceso efectivo a la justicia para los propietarios de la empresa

8. Propuesta de mejora sistémica para la efectividad de la responsabilidad personal de los administradores y la acción de regreso

La disparidad entre las previsiones normativas y su aplicación práctica exige una reestructuración de los mecanismos de rendición de cuentas. Las evidencias recogidas en diversos ordenamientos demuestran que la inoperancia de las acciones de regreso y los pleitos derivativos obedece a deficiencias en los incentivos procesales y a la complejidad en la probanza de la culpabilidad (Galán Galán, 2025; Gibbs & Ogbonnaya, 2018). Para superar la actual situación de impunidad fáctica, esta propuesta articula cambios en el régimen de imputación, la transparencia documental y la gestión del riesgo financiero de los gestores.

El objetivo reside en transformar el cumplimiento normativo de un escudo protector en un mecanismo de responsabilidad real que proteja el patrimonio público y social. Se requiere transitar hacia un modelo donde la vigilancia de riesgos de misión crítica no sea una opción potestativa, mas una obligación técnica verificable mediante sistemas de información avanzados (Capobianco, 2024; Goto, 2024). Esta evolución permitiría alinear los intereses individuales de los administradores con la sostenibilidad a largo plazo de la organización, reduciendo las ineficiencias derivadas de los costes de agencia (Gibbs & Ogbonnaya, 2018; Bedi & Haugh, 2026).

8.1. Automatización y Objetivación del Inicio del Procedimiento de Regreso

Se propone la eliminación de la discrecionalidad política en el inicio de las acciones de reembolso en el sector público. Se analiza la necesidad de establecer umbrales económicos y criterios técnicos que obliguen a la Administración a perseguir el resarcimiento ante daños causados por negligencia manifiesta.

La inactividad de las Administraciones públicas para reclamar el reembolso de indemnizaciones pagadas representa una de las mayores deficiencias del sistema actual (Galán Galán, 2025; Martínez-Cardós, 2025). Para corregir esta tendencia, se propone establecer la obligación legal de incoar el expediente de regreso de forma automática cuando la indemnización abonada por el ente público supere un umbral económico predefinido o cuando el daño afecte a servicios de misión crítica (Ospina Garzón, 2025; Capobianco, 2024). De este modo, la decisión de demandar no recaería en el arbitrio del superior jerárquico, lo que reduciría las presiones corporativas y los costes políticos que actualmente frenan estos procesos (Galán Galán, 2025; Ibler, 2025).

Adicionalmente, la carga de la prueba sobre el cumplimiento del deber de cuidado debería desplazarse hacia el administrador en situaciones de infracción manifiesta de normas técnicas de supervisión (Martínez-Cardós, 2025; Ospina Garzón, 2025). Si existe un fallo sistémico en un área de alto riesgo previamente identificada, el gestor debería demostrar que implementó todas las medidas de vigilancia razonablemente disponibles (Capobianco, 2024; Goto, 2024). Esta inversión de la carga probatoria, limitada a riesgos operativos centrales, dotaría de mayor agilidad al procedimiento administrativo y judicial, asegurando que la responsabilidad subjetiva no se convierta en una barrera infranqueable para el resarcimiento del erario (Martínez-Cardós, 2025; Galán Galán, 2025).

8.2. Reforma del Litigio Derivativo: Acceso a la Información y Control de Comités

Se abordan las barreras que enfrentan los accionistas minoritarios para exigir responsabilidades a los directivos. Se sugieren cambios en las facultades de inspección documental y en la supervisión judicial de los comités especiales de litigación para evitar la captura institucional.

Los pleitos derivativos sufren una debilidad estructural debido a la asimetría informativa entre los accionistas y el consejo de administración (Gibbs & Ogbonnaya, 2018). Para mejorar su eficacia, resulta imperativo reconocer un derecho de inspección documental reforzado antes de la interposición de la demanda, permitiendo a los accionistas acceder a las actas y reportes internos relacionados con el fallo de supervisión (Capobianco, 2024; Goto, 2024). Este acceso temprano permitiría filtrar demandas frívolas y dotar de sustento legal a las reclamaciones meritorias, superando los estrictos requisitos de admisión que actualmente protegen al administrador negligente (Gibbs & Ogbonnaya, 2018; Adeyeye, 2024).

Por otro lado, la deferencia judicial hacia las recomendaciones de los comités especiales de litigación debe ser limitada (Capobianco, 2024). Se propone que los tribunales realicen un control sustantivo de la razonabilidad de la decisión de no litigar, especialmente cuando se traten riesgos que afecten a la viabilidad de la empresa o externalidades ambientales graves (Goto, 2024; Adeyeye, 2024). La mera independencia formal de los miembros del comité no garantiza un juicio imparcial si estos comparten la misma cultura organizacional que los demandados (Capobianco, 2024). Introducir la supervisión de un experto independiente nombrado por el juez dentro de estos comités aseguraría que el interés de la corporación prevalezca sobre el deseo de proteger a los pares (Gibbs & Ogbonnaya, 2018; Capobianco, 2024).

8.3. Implementación de Compliance Tecnológico y Documentación Activa

Se analiza cómo el uso de herramientas digitales puede eliminar la incertidumbre sobre la diligencia de los directivos. Se explora la creación de registros inalterables de vigilancia que funcionen como prueba de buena fe en los tribunales.

La calidad y la cronología de la documentación interna representan elementos determinantes para exonerar o condenar a un administrador (Capobianco, 2024). La propuesta incluye la adopción obligatoria de sistemas de reporte digital que generen registros inalterables de las deliberaciones y de las respuestas ante señales de alarma (Capobianco, 2024). Un sistema de documentación activa permitiría a los tribunales verificar si el administrador actuó con diligencia en tiempo real o si, por el contrario, las actas se elaboraron con posterioridad al incidente para justificar la inacción (Capobianco, 2024; Langevoort, 2018). Estas evidencias tecnológicas reducen el riesgo de sesgo de retrospectiva y proporcionan una base objetiva para evaluar el cumplimiento del deber de monitoreo (Capobianco, 2024).

De igual forma, la integración de analítica de datos en los departamentos de cumplimiento permitiría detectar riesgos de forma ofensiva, transformando el control en una ventaja competitiva (Bedi & Haugh, 2026). Las empresas con sistemas robustos podrían utilizar su propia eficacia para detectar irregularidades en competidores, ejerciendo acciones legales que limpien el mercado de prácticas corruptas (Bedi & Haugh, 2026). De esta forma, el cumplimiento deja de ser un gasto pasivo para convertirse en una herramienta de protección patrimonial activa que incentiva a los administradores a mantener los más altos estándares éticos bajo la amenaza de ser desplazados por competidores más diligentes (Bedi & Haugh, 2026; Capobianco, 2024).

8.4. Modulación de Responsabilidad y Limitación de Seguros de Impunidad

Se plantea equilibrar la sanción patrimonial para evitar la parálisis directiva, junto con la prohibición de pólizas de seguro que neutralicen la función disuasoria de la responsabilidad por dolo o negligencia grave.

Para combatir el fenómeno de la administración defensiva, el sistema jurídico debe implementar una modulación de la cuantía indemnizatoria basada en la capacidad económica del administrador y el grado de desviación de la diligencia debida (Ospina Garzón, 2025; Martínez-Cardós, 2025). Exigir reembolsos astronómicos que superan con creces el patrimonio del gestor únicamente conduce a la insolvencia y no aporta beneficios reales al erario o a la corporación (Galán Galán, 2025; Ibler, 2025). Un sistema de multas proporcionales y techos de responsabilidad (capping), vinculados a la remuneración anual del cargo, permitiría sancionar de forma efectiva sin desincentivar la toma de decisiones necesarias (Ospina Garzón, 2025; Goto, 2024).

Resulta necesario prohibir que la Administración pública o la empresa privada sufraguen seguros que cubran la responsabilidad personal en casos de dolo o culpa manifiesta (Galán Galán, 2025; Perdomo Villamil, 2025). El aseguramiento socializado de la negligencia grave vacía de contenido la acción de regreso y elimina el incentivo para actuar con prudencia (Galán Galán, 2025; Martínez-Cardós, 2025). Se propone que las primas de seguros de responsabilidad civil para estas conductas cualificadas sean costeadas íntegramente por el administrador de su patrimonio personal (Galán Galán, 2025). Pese a que el seguro es útil para garantizar el cobro de la víctima, su configuración actual actúa como una barrera frente a la función pedagógica y disuasoria de la ley (Galán Galán, 2025; Perdomo Villamil, 2025).

8.5. Expansión Contextual del Cumplimiento a Riesgos Sistémicos (ESG)

El cierre de la propuesta se centra en la necesidad de delimitar los deberes de vigilancia sobre factores ambientales y sociales para evitar la incertidumbre legal de los administradores en un entorno regulatorio cambiante.

La jurisprudencia moderna exige que los directores vigilen riesgos que, aun no siendo financieros en origen, pueden destruir el valor de la firma, como los desastres climáticos o la cultura de acoso laboral (Goto, 2024; Capobianco, 2024). Para dotar de seguridad jurídica a esta obligación, se propone que los reguladores sectoriales definan catálogos de riesgos de misión crítica específicos para cada industria (Goto, 2024; Capobianco, 2024). De este modo, los administradores tendrían un mapa claro de qué externalidades deben monitorear obligatoriamente, evitando ser juzgados por omisiones en áreas que no se consideraban centrales en el momento de la decisión (Goto, 2024; Capobianco, 2024).

Finalmente, la integración de la voz de los grupos de interés en los sistemas de reporte del consejo permitiría una detección temprana de riesgos sistémicos (Goto, 2024; Bedi & Haugh, 2026). La propuesta sugiere que el deber de información del administrador incluya mecanismos de escucha activa hacia empleados y comunidades afectadas por la actividad empresarial (Goto, 2024; Bedi & Haugh, 2026). De esta manera, el cumplimiento de segunda generación se consolida como un sistema dinámico que protege el patrimonio social mediante la responsabilidad individual, asegurando que la gestión del riesgo sea el resultado de un compromiso ético documentado y no de una mera formalidad burocrática (Capobianco, 2024; Goto, 2024; Bedi & Haugh, 2026).

9. Síntesis de los hallazgos sobre la responsabilidad personal de los administradores y el futuro del cumplimiento

El análisis del marco jurídico actual revela una transformación profunda en los deberes de vigilancia de los órganos de dirección. La transición de un modelo de supervisión pasiva hacia una exigencia de monitoreo activo representa el cambio de mayor calado en el gobierno corporativo de las últimas décadas (Capobianco, 2024; Langevoort, 2018). Los administradores ya no pueden ampararse en el desconocimiento de las irregularidades internas; la doctrina actual les impone la obligación de implementar sistemas de información que permitan detectar riesgos de forma temprana (Capobianco, 2024; Goto, 2024). Esta evolución busca que el cumplimiento normativo sea una función de gestión central, alejándose de la simple formalidad administrativa para convertirse en un mecanismo de protección del patrimonio social y público (Bedi & Haugh, 2026).

Pese a la existencia de normas que habilitan la exigencia de responsabilidad individual, se constata una brecha alarmante entre la previsión legal y su aplicación efectiva. Tanto en las Administraciones públicas como en las sociedades mercantiles, las acciones de regreso y los pleitos derivativos operan con una frecuencia mínima, lo que genera una realidad de impunidad fáctica para los gestores (Galán Galán, 2025; Doménech Pascual, 2008). La complejidad de probar la negligencia grave y las resistencias institucionales han convertido estos instrumentos en figuras meramente decorativas dentro del sistema legal (Doménech Pascual, 2008; Galán Galán, 2025; Ospina Garzón, 2025). Resulta evidente que, sin mecanismos procesales que reduzcan la discrecionalidad política en el inicio de estas acciones, la responsabilidad personal de los administradores seguirá siendo una declaración de intenciones carente de impacto real (Galán Galán, 2025; Martínez-Cardós, 2025).

La integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los deberes de cuidado añade una capa de complejidad técnica a la labor de supervisión. Los tribunales han comenzado a calificar ciertos riesgos no financieros como elementos determinantes para la viabilidad de la empresa, ampliando el alcance de la responsabilidad por falta de vigilancia (Goto, 2024; Capobianco, 2024). Casos vinculados a desastres climáticos o fallos en la seguridad de productos demuestran que la discrecionalidad del juicio de negocio tiene límites claros cuando se ignoran señales de alarma sobre externalidades masivas (Goto, 2024; Adeyeye, 2024). Aun así, la expansión de estos deberes debe realizarse con cautela para evitar la parálisis directiva, garantizando que el administrador sea responsable únicamente por omisiones graves en procesos de monitoreo definidos con antelación (Goto, 2024; Ibler, 2025).

El concepto de cumplimiento ofensivo abre una vía estratégica que permite alinear los incentivos de la empresa con la legalidad. Bajo este esquema, los sistemas de control dejan de ser centros de costes para transformarse en herramientas que generan ventajas competitivas, facilitando adquisiciones corporativas y protegiendo el mercado frente a competidores desleales (Bedi & Haugh, 2026). Las entidades que invierten en controles robustos pueden utilizar su propia diligencia como un activo para atraer capital y talento, reduciendo además el riesgo de litigiosidad derivativa (Bedi & Haugh, 2026; Haugh & Bedi, 2024). De este modo, la responsabilidad individual no funciona como una amenaza externa, mas como un eje de la estrategia de negocio que premia la integridad operativa y castiga la desidia (Bedi & Haugh, 2026; Capobianco, 2024).

La efectividad del sistema de responsabilidad depende de la eliminación de los seguros de impunidad y de la adopción de herramientas tecnológicas avanzadas. El hecho de que la organización sufrague pólizas que cubren la negligencia grave de sus agentes debilita la función disuasoria de la ley, socializando pérdidas que deberían ser soportadas individualmente (Galán Galán, 2025; Perdomo Villamil, 2025). Se requiere la implementación de registros digitales inalterables que documenten la actividad de supervisión en tiempo real, proporcionando pruebas objetivas de la diligencia del administrador (Capobianco, 2024; Langevoort, 2018). Estas medidas, unidas a una reducción de las barreras informativas para los accionistas, permitirían que las acciones de regreso y los pleitos derivativos cumplan su propósito de restaurar el equilibrio patrimonial tras un fallo de gobierno (Gibbs & Ogbonnaya, 2018; Capobianco, 2024).

Finalmente, el éxito de la segunda generación de cumplimiento depende de un cambio en la cultura organizacional que trascienda la mera vigilancia reglamentaria. La responsabilidad patrimonial debe ser el resultado de un compromiso ético verificable, donde el administrador asuma el rol de guardián de los intereses de todos los grupos afectados por la actividad empresarial (Goto, 2024; Bedi & Haugh, 2026). La ley debe evolucionar hacia un modelo que castigue la omisión consciente de riesgos sistémicos, pero que también proteja la toma de decisiones informada y honesta (Capobianco, 2024; Goto, 2024). Únicamente a través de un régimen de imputación individual claro y de una transparencia documental reforzada será posible garantizar que el cumplimiento normativo sea un motor de valor sostenible para la sociedad en su conjunto (Bedi & Haugh, 2026; Galán Galán, 2025; Ospina Garzón, 2025).
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