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También, establece la obligación de los Estados miembros de publicar estadísticas sobre delitos medioambientales y de evaluar periódicamente su implementación. Se postula como un instrumento crucial para garantizar la preservación y mejora del medio ambiente en la UE. Al establecer sanciones penales y administrativas para las infracciones del Derecho medioambiental, se busca disuadir y combatir eficazmente los delitos que afectan a la naturaleza y la sociedad. La directiva también reconoce la importancia de los denunciantes de infracciones medioambientales y promueve la transparencia y el cumplimiento normativo para fortalecer la aplicación de la ley. Esta directiva puede representar un paso significativo hacia la protección ambiental y la responsabilidad en la UE.
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[2] Por la que se sustituyen las Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE.