El fin no es otro que incorporar la Directiva 2015/849, que establece obligaciones adicionales a las de la ley española en materia de licencia o registro de prestadores de servicios a sociedades, así como la modificación del régimen de sanciones y el establecimiento de canales de denuncia. Se puede consultar el contenido en el enlace: Real Decreto-Ley 11/2018. Fuente de la imagen: pixabay.