(mvc, Málaga, España) Escándalos como Dieselgate, Luxleaks, Panama Papers o las revelaciones en curso de Cambridge Analytica muestran que los informantes pueden desempeñar un papel importante en el descubrimiento de actividades ilegales que dañan el interés público y el bienestar de nuestros ciudadanos y la sociedad. Por lo anterior, la Comisión Europea (CE) ha propuesto una nueva ley para reforzar la protección de los denunciantes en toda la Unión Europea (UE), de forma que se garantice un alto nivel de protección para los denunciantes que informen sobre las infracciones de la legislación de la UE mediante el establecimiento de nuevos estándares a nivel de la UE. La nueva ley establecería canales seguros para informar tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas. También, debería proteger a los denunciantes contra el despido, la degradación y otras formas de represalia, y requerirá que las autoridades nacionales informen a los ciudadanos y brinden capacitación a las autoridades públicas sobre cómo tratar a los denunciantes.
LA CE piensa que los denunciantes pueden ayudar a detectar, investigar y sancionar los abusos de la legislación de la UE. También desempeñan un papel importante al permitir que los periodistas y la prensa libre desempeñen su papel fundamental en nuestras democracias. Es por eso que los informantes necesitan una protección adecuada contra la intimidación y / o represalias. Los ciudadanos que descubran actividades ilegales no deben ser castigados como consecuencia de su acción. Pero en realidad, muchos de ellos pagan por su acción con sus trabajos, su reputación o incluso su salud: el 36% de los trabajadores que informaron haber tenido una mala conducta sufrieron represalias ( Encuesta de ética empresarial global 2016). La protección de los denunciantes también ayudará a salvaguardar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, y es esencial para proteger el estado de derecho y la democracia en Europa.
La propuesta promovida intenta garantizar la protección a nivel de la UE para hacer sonar las violaciones de la legislación de la UE en los campos de la contratación pública; servicios financieros, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; seguridad del producto; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y piensos, sanidad animal y bienestar; salud pública; protección al Consumidor; Privacidad, protección de datos y seguridad de redes y sistemas de información. También se aplica a las infracciones de las normas de competencia de la UE, a las violaciones y al abuso de las normas fiscales corporativas y al daño a los intereses financieros de la UE. La Comisión alienta a los Estados miembros a ir más allá de esta norma mínima y establecer marcos integrales para la protección de los denunciantes basados en los mismos principios.
Todas las empresas con más de 50 empleados o con una facturación anual de más de 10 millones de euros deberán establecer un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes. Todas las administraciones estatales, regionales y municipalidades con más de 10,000 habitantes también serán cubiertas por la nueva ley.Los mecanismos de protección que deberán establecerse deben incluir: canales de información claros, dentro y fuera de la organización, asegurando la confidencialidad; un sistema de informes de tres niveles de: 1Canales internos de información; 2. Informar a las autoridades competentes: si los canales internos no funcionan o no se puede esperar razonablemente que funcionen (por ejemplo, cuando el uso de canales internos podría poner en peligro la efectividad de las acciones de investigación por parte de las autoridades responsables); 3 Informes públicos / de los medios de comunicación: si no se toman medidas apropiadas después de informar a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o claro para el interés público o daño irreversible.
También, obligaciones de retroalimentación para las autoridades y las empresas, que deberán responder y dar seguimiento a los informes de los denunciantes en un plazo de 3 meses para los canales de informes internos; prevención de represalias y protección efectiva: todas las formas de represalia están prohibidas y deben ser sancionadas. Si un informante sufre represalias, debe tener acceso a asesoramiento gratuito y recursos adecuados (por ejemplo, medidas para detener el acoso en el lugar de trabajo o evitar el despido). La carga de la prueba se invertirá en tales casos, de modo que la persona u organización debe probar que no están actuando en represalia contra el denunciante. Los denunciantes también estarán protegidos en procedimientos judiciales, en particular a través de una exención de responsabilidad por la divulgación de la información. La propuesta protege a los denuncias responsables con la intención genuina de salvaguardar el interés público. Por lo tanto, incluye salvaguardas para desalentar los informes malintencionados o abusivos y evitar daños a la reputación injustificados. Los afectados por el informe de un denunciante disfrutarán plenamente de la presunción de inocencia, el derecho a un recurso efectivo, un juicio justo y el derecho de defensa. Fuente de la información: CE; imagen incorporada posteriormente; fuente: philm1310 pixabay.