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| Fuente de la imagen: Aripunum en pixabay |
(mvc, Málaga España). Informa el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ), que el 75 por ciento de las sentencias por corrupción dictadas por juzgados y tribunales en el tercer trimestre de 2019 fueron condenatorias. Los jueces abrieron juicio oral o procesaron a 20 personas físicas y nueve personas jurídicas. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los órganos judiciales concluyeron seis procedimientos por este tipo de hechos. Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del CGPJ tras la incorporación de la información correspondiente al tercer trimestre del año, que también incluye el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo, que fueron nueve[1].
El repositorio, que fue presentado el 12/01/2017, permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera-, que se actualizan de forma trimestral. La información que ofrece está referida a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política[2]. Fuente de la información: CGPJ; fuente de la imagen: Arupinum en pixabay
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[1] Si quieres acceder al repositorio, clickea AQUÍ.
[2] Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).